El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha firmado en Mérida el Protocolo de Desahucio y Lanzamiento en materia de Vivienda de Promoción Pública propiedad de la Junta de Extremadura.
Al acto, celebrado en la Presidencia del Ejecutivo regional, han asistido la secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, María Isabel Moreno Duque; y representantes de ONGs y colectivos sociales.
En opinión del consejero, “con este acuerdo ganamos en transparencia pero sobre todo en justicia social, ya que las viviendas desahuciadas con este procedimiento no son para engrosar el parque de viviendas de la Junta, sino para ponerlas al servicio de aquellas personas que lo están necesitando”.
José María Vergeles ha asegurado que con este documento “damos un paso muy importante para conseguir el objetivo que nos hemos marcado todos los firmantes del acuerdo de conseguir desahucios cero para aquellas personas que no puedan pagar su vivienda”.
Este protocolo pretende ser la herramienta que permita canalizar la debida información a los colectivos afectados por los desahucios y a los grupos políticos con presencia a nivel municipal y autonómico, para que en el seno de las Mesa de Seguimiento y Control de ámbito autonómico, en las Mesas de Trabajos Municipales y en la Comisión Parlamentaria competente, pueda debatirse y valorarse las distintas situaciones motivadoras del lanzamiento, esto es, las causas, las circunstancias concurrentes y sus consecuencias.
La Junta de Extremadura dispone de un parque de viviendas de promoción pública, “unas 14.000”, ha dicho el consejero, destinado a cubrir la necesidad de vivienda de los más desfavorecidos, regulando un procedimiento justo y equitativo de acceso a tales viviendas, principalmente en régimen de alquiler.
Vergeles ha afirmado que “uno de los objetivos que nos hemos marcado es que los desahucios sean cero para aquellas personas que no pueden pagar” y ha indicado que en la legislatura anterior, entre junio de 2011 y abril de 2015, el número de expedientes de desahucios en trámite era de 1.156.
No obstante, ha añadido, “tendremos que seguir desahuciando cuando se produzcan conductas que puedan perjudicar el derecho a la vivienda de otras personas socialmente desfavorecidas o se haga un uso indebido de las viviendas de promoción pública”.
En este sentido, ha dicho que serán causa de desahucio incurrir en conducta asocial que perjudique gravemente la convivencia con los restantes vecinos de la promoción; la falta de cumplimiento con las obligaciones establecidas para la convivencia en las comunidades de vecinos; la desocupación de la vivienda; las ocupaciones ilegales o el incumplimiento sobrevenido por ser adjudicatario de este tipo de viviendas al disponer ya de otra vivienda o superar los ingresos exigidos.
MESAS DE TRABAJO
José María Vergeles ha indicado que, según contempla el protocolo, se constituirá una Mesa de Seguimiento y Control que tiene su origen en los permanentes contactos que la Junta de Extremadura ha mantenido con los representantes de los colectivos de consumidores y afectados por los desahucios.
Estos colectivos, ADICAE, PAH, Campamento Dignidad, ONG Mujeres Sembrando, Asociación para la recuperación de Colorines y Suerte Saavedra, han tenido una presencia permanente y continuada, como interlocutores sociales, en la toma de decisiones por parte de la Junta de Extremadura para el diseño e implantación de medidas y estrategias en esta materia.
El documento también recoge la constitución de mesas de trabajo municipales a propósito de los lanzamientos que la Junta de Extremadura pretenda ejecutar en las viviendas de promoción pública en aquellas ciudades que concentran el mayor volumen de viviendas como es el caso de Badajoz, con 2.452; Cáceres, con 1.031; Mérida, con 1.420 y Plasencia, con 592.
Por su parte, María Angeles Merino, representante de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas Mérida, ha dicho que se trata de un primer paso pero que es mejorable y ha asegurado que “formaremos parte de la mesa para ver si las cosas se hacen bien y si no se desahucia a gente en riesgo de exclusión”.
Ha afirmado que “si vemos que la Junta utiliza esta mesa para legitimar desahucios que no procedan, nos reservamos la posibilidad de abandonarla”.
