La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización dedicada a la trata de mujeres de origen rumano para el acuerdo de matrimonios forzados y para su explotación sexual. Durante la operación han sido liberadas siete víctimas, entre las que se encuentran tres jóvenes de 13, 16 y 17 años.
Según informó el Ministerio del Interior, se ha detenido a 11 personas (siete en Pamplona y cuatro en Segovia), dándose por desarticulado el grupo criminal.
También se han realizado cuatro registros domiciliarios (dos en Segovia y dos en Pamplona), en los que los agentes se han incautado de un vehículo de alta gama, 2.300 euros en efectivo, dispositivos informáticos, teléfonos móviles, elementos para el corte de droga y abundante documentación que está siendo analizada.
La investigación comenzó en abril de 2017 con la remisión por parte de la Agregaduría de Interior en Rumanía a la Brigada contra la Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional de la denuncia de una mujer que aseguraba que su hija estaba siendo obligada a prostituirse en Pamplona.
La organización criminal, compuesta por ciudadanos rumanos, aprovechaba la situación de necesidad de éstas engañándolas mediante el método del ‘lover boy’ (un miembro de la banda las enamoraba para conseguir que viajaran engañadas por un supuesto compromiso amoroso). En otras ocasiones, recurría a la fuerza para sacarlas de su entorno familiar.
La denuncia remitida desde Rumanía permitió identificar a la joven en Pamplona junto con otro grupo rumano dedicado al robo en fincas rústicas, naves industriales y cables de cobre. La joven había sido captada por otro hombre al que este grupo exigía el pago de 200 euros a cambio de entregarle de nuevo a la mujer, sin llegar finalmente a ningún acuerdo.
Avanzada la investigación, los agentes de la Policía Nacional identificaron a esta tercera persona, que residía en la localidad de Segovia.
Por otro lado, los miembros del Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Segovia detectaron a una mujer extranjera que podría estar siendo víctima de explotación sexual y agresiones por parte de su pareja sentimental.
Los agentes constataron que la víctima había sido inducida por un grupo de personas residentes en la capital segoviana para la práctica de la prostitución, llevando a cabo un control exhaustivo sobre ella, desde que iniciaba su actividad en el ejercicio de la prostitución hasta su cese de madrugada, exigiendo que en cada servicio diera cuenta del tiempo que había estado con cada cliente y del dinero que había ganado con ello.
Durante la investigación, se constató que el clan asentado en Pamplona se dedicaba también a concertar matrimonios forzados entre menores de edad, a cambio de dinero, negociando para ello la venta de sus propios hijos.
Por otra parte, otras tres víctimas fueron identificadas en Segovia para su introducción en locales de alterne o para convenir matrimonios forzados de menores mediante una contraprestación económica.
