El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha acordado con las comunidades autónomas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aumentar la aportación estatal del nivel mínimo de financiación de la Ley de Dependencia 5,6 euros de media por dependiente al mes, una cantidad «insuficiente» para la mayoría de los consejeros del ramo.
En este encuentro, presidido por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, se ha pactado que los ‘grandes dependientes’ (grado III) reciban del Estado 190,13 euros, es decir, 12,27 euros más; los ‘dependientes severos’ (grado II), 84,49 euros, 1,65 euros más, y los ‘moderados’ (grado I), 47,38 euros, es decir, 3,05 euros más. Esta medida supone para el Estado una inversión de 69 millones de euros en 2017.
Este acuerdo se materializará en un nuevo decreto que determina el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Ley de Dependencia, que fue recortado por el Gobierno en julio de 2012. El contenido de este decreto se ha acordado previamente en la Comisión Delegada, integrada por técnicos de las comunidades autónomas y representantes del Ministerio de Sanidad.
«Gracias a la recuperación, podemos fortalecer nuestro sistema de protección social, un pilar esencial que garantiza la cohesión de nuestro país», ha subrayado la ministra sobre este aumento del 5%, en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consejo, que ha durado cinco horas. Asimismo, ha señalado que la «voluntad» de su departamento es que este incremento tenga efectos retroactivos al 1 de enero de 2017, pero que esta decisión depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En un borrador del Ministerio de Sanidad de septiembre se contemplaba una subida mayor a la que finalmente se ha alcanzado, pues de media la financiación estatal aumentaba en 10,4 euros por dependiente, casi el doble. La mayoría de los consejeros han calificado de «irrisorio», «insuficiente» y «escaso» este incremento del 5%, pues, según han explicado, supone solo la recuperación de un tercio de del nivel mínimo recortado en 2012 por el Gobierno.
Por otro lado, el Pleno ha acordado la modificación de los criterios de acreditación con el objetivo de mejorar la estabilidad en el empleo de los cuidadores que prestan sus servicios en centros o instituciones sociales. De esta forma, se ha eliminado el límite de edad para la habilitación excepcional (antes estaba prevista para trabajadores de 55 años o más que acreditaran determinada experiencia, ahora para todos) y se ha establecido una habilitación provisional para personas que habiendo trabajado, no cumplan con el requisito de la experiencia, y se comprometan a participar en los procesos de acreditación hasta el 31 diciembre de 2022.
Las consejeras de Asuntos Sociales de Castilla y León y Asturias, Alicia García Rodríguez y Pilar Varela, respectivamente, han valorado esta decisión, que, a su juicio, da estabilidad y certidumbre a los trabajadores y empresas de la Dependencia. «Damos tranquilidad al sector porque hay mucho empleo femenino de personas que por circunstancias de la vida no tuvieron la cualificación profesional, pero que de esta forma tendrán la posibilidad de inscribirse y obtenerla», ha afirmado Varela.
También en relación con la Dependencia, se ha acordado añadir a los servicios de teleasistencia tradicionales elementos tecnológicos que van a permitir prestar una atención más completa a la persona, dentro y fuera de su domicilio, como por ejemplo detecciones de caídas, geolocalizaciones o servicios de telediagnóstico.
POBREZA INFANTIL Y FAMILIA
Otro de los asuntos aprobados que figuraban en el orden del día del Consejo Territorial de este jueves es el reparto de 12 millones de euros a comunidades autónomas y Ceuta y Melilla para la realización de programas de protección de la familia y atención a la pobreza infantil consignados en los Presupuestos Generales del Estado y 12,6 millones de euros para el Programa de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales (Plan Concertado).
Por último, la ministra ha informado a los consejeros de la tramitación del Plan de Acción de la Estrategia Española de Trastornos del espectro del Autismo, aprobada de noviembre de 2015, cuya aplicación lleva un año de retraso y que beneficiará a más de 450.000 personas. Según ha explicado en la rueda de prensa, los objetivos principales de esta iniciativa son la «concienciación, la accesibilidad, la investigación y la formación de los profesionales que intervienen en el recorrido vital de las personas con autismo.
