- La Ley, que entra en vigor el próximo 9 de marzo, tiene como objetivo fundamental implementar en España una contratación pública socialmente responsable
- Introduce la prohibición de contratar con el Sector Público a aquellas empresas de más de 50 empleados que no cumplan con la cuota legal del 2% de personas con discapacidad en sus plantillas
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, destacó este martes la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, una normativa que entrará en vigor el próximo 9 de marzo y que, en su opinión, tendrá un efecto “social e integrador” en favor de colectivos como el de mujeres o el de personas con discapacidad.
Montoro fue el encargado de inaugurar la jornada ‘Los compromisos sociales de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Una oportunidad de fomento de empleo de trabajadores con discapacidad’, un encuentro en el que se analizaron las principales novedades que supondrá la nueva normativa.
El ministro agradeció la tarea que realiza la sociedad civil, en este caso desde el Foro CON R, impulsando acciones que promueven mejoras. En este caso, recalcó que el resultado es una ley que ha salido adelante con gran consenso y que debe ser un ejemplo de cómo actuar. Además, apuntó que entra en vigor en un momento económico y de estabilidad presupuestaria de las administraciones, a las que advirtió de que “no hay excusas ni pretextos para ahorrar en términos de costes en lo social”.
Por último, señaló que el Gobierno velará por la aplicación de esta nueva norma que, entre otros objetivos, se propone acabar con las desigualdades en el acceso al empleo de mujeres o de personas con discapacidad. “El Gobierno estará muy activo en términos de vigilancia para cumplir con esta deuda social”.
La inauguración también contó con la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Foro de la Contratación Socialmente Responsable y expresidente del Gobierno; Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y su Fundación; Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE y presidente de ILUNION; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, y Antonio Francisco Pradas, presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados.
En su intervención, Alberto Durán se confesó “esperanzado” con la llegada de tiempos de mejor bonanza y recordó la labor que desempeña la ONCE y su Fundación de ayudar a quienes más lo necesitan. “Para los excluidos”, advirtió, “nunca hay tiempos buenos”. Aseguró que desde el Gobierno se piensa en el tercer sector como un aliado y se felicitó del avance que supone esta ley, “que nos da instrumentos para crear empleo y ser más eficaces”.
Por su parte, Pradas señaló que uno de los retos más importantes hoy es superar el bloqueo legislativo. En lo que se refiere a esta ley, aseguró que es el fruto del debate, de la discusión y del trabajo de todos los grupos, “y es la prueba de que la voluntad de acuerdos puede dar frutos en materias tan sensibles como la de la contratación”.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas repasó las principales novedades que introduce dicha ley y señaló como una de ellas la oportunidad que supone para que las empresas de la economía social sean consideradas por el sector público a la hora de adquirir productos y servicios. “Se trata de una buena ley que incorpora novedades muy importantes sobre todo en materia social”, resumió.
Por su parte, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, apuntó que en España “tenemos la mejor contratación pública desde el punto de vista de la inclusión”, por lo que hizo un llamamiento al Tercer Sector en general y al tejido asociativo de la discapacidad en particular para usar las herramientas y bondades que recoge la nueva Ley de Contratos del Sector Público. A su juicio, esta normativa “nos ofrece instrumentos para el cambio social, que es nuestra obligación como sociedad civil comprometida y responsable”.
Entre los puntos que contiene esta ley, subrayó la prohibición de contratar con las administraciones a las empresas que no cumplan con la reserva mínima del 2% de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
Por último, Rodríguez Zapatero, presidente del Foro CON R, explicó el trabajo que realiza este foro de colaboración público-privada que cuenta con el aval y el apoyo de la ONCE y del Cermi. Según dijo, es un modelo que está llamado a dar buenos resultados con trabajos como éste que tiene el objetivo de que la contratación contribuya a la cohesión social.
“Es una gran ley y espero que la buena voluntad que ha habido hasta ahora en su tramitación se traduzca en la aplicación de una ley moderna, avanzada, socialmente incluyente, ejemplar y referencia para otros continentes. Puede ser transformadora, innovadora y una gran palanca de cohesión”, celebró.
Nueva Ley de Contratos del Sector Público
La Ley, que entra en vigor el próximo 9 de marzo, tiene como objetivo fundamental implementar en España una contratación pública socialmente responsable. Para ello, introduce como finalidad de la contratación pública el cumplimiento de principios de integridad y promoción de aspectos sociales como medio de lograr la transparencia, igualdad, concurrencia y una mejor relación calidad precio. Para ello ha introducido novedades dirigidas a la consecución de todos ellos.
Entre otras cuestiones introduce la prohibición de contratar con el Sector Público a aquellas empresas de más de 50 empleados que no cumplan con la cuota legal del 2% de personas con discapacidad en sus plantillas, la posibilidad de incorporar de manera transversal y preceptiva cláusulas sociales así como la reserva de un porcentaje mínimo de determinadas actividades a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.
