- Gracias a un convenio firmado por las tres entidades, para concienciar también a los empleados públicos de la importancia de la inserción laboral de la población con discapacidad
- Pretenden trabajar conjuntamente para el desarrollo de acciones dirigidas a fomentar el conocimiento de la discapacidad, la integración de personas con discapacidad en el empleo público y la mejora de las acciones formativas en relación a la concienciación de los empleados públicos sobre discapacidad
El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) firmaron este lunes un convenio de colaboración por el que se comprometen a trabajar juntos en la mejora del acceso al empleo público de las personas con discapacidad.
El acuerdo, que da continuidad a otro suscrito por las tres entidades en 2014, lo rubricaron Manuel Arenilla, director del INAP; Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, y Luis Cayo Pérez, presidente del CERMI, con el objetivo de contribuir a la mejora de la inserción social y laboral de las personas con discapacidad.
En su intervención, Manuel Arenilla afirmó que la relación que mantiene el INAP con CERMI y Fundación ONCE desde hace tiempo ha supuesto “crecer como institución y humanizar el rostro de la administración” al incluir en ella los términos “diversidad e inclusión”. Esta relación, permite crear alianzas que, a su vez, posibilitan desarrollar proyectos y conocimientos.
Del mismo modo, Luis Cayo Pérez Bueno elogió los avances que desde la administración se han hecho durante los últimos años en favor de la inserción laboral de las personas con discapacidad, gracias al “rostro amigable y humano” del INAP, tendencia que espera que se mantenga en el tiempo si se producen cambios en la dirección de este organismo público. De esta forma, agradeció que desde el INAP se haya trabajado con las personas con discapacidad “no desde la resignación, sino como aceptación e inclusión de la diversidad”.
Finalmente, Alberto Durán agradeció lo fácil que ha sido y es trabajar con el INAP para “llevar la discapacidad a la Administración Pública”, ya que “es fundamental que el administrador tenga conciencia de que hay un grupo de población, no pequeño, que tiene una serie de necesidades no cubiertas”.
Con la firma de este convenio, el INAP, el CERMI y Fundación ONCE pretenden trabajar conjuntamente para el desarrollo de acciones dirigidas a fomentar el conocimiento de la discapacidad, la integración de personas con discapacidad en el empleo público y la mejora de las acciones formativas en relación a la concienciación de los empleados públicos sobre discapacidad.
Entre los proyectos específicos que se proponen impulsar las partes en el marco de este convenio, figuran la puesta en marcha de iniciativas que mejoren el conocimiento de las Administraciones públicas y del empleo público entre las personas con discapacidad, especialmente entre los jóvenes y, desde esta perspectiva, el impulso de otras dirigidas a fomentar la participación de personas con discapacidad en los procesos selectivos (orientación, información, formación y preparación, acompañamiento…).
En la misma línea, elaborarán materiales formativos accesibles y en lectura fácil y colaborarán en el diseño de acciones formativas de todo tipo, que luego darán a conocer en las instituciones públicas de formación con las que el INAP mantiene relaciones de cooperación.
Asimismo, el convenio indica que los firmantes diseñarán espacios virtuales conjuntos que ayuden a conocer y entender la realidad de la discapacidad y que desarrollarán aplicaciones basadas en las tecnologías digitales, como Blockchain e Inteligencia Artificial, que favorezcan el conocimiento de la discapacidad en la Administración pública, así como la creación de nuevos servicios basados en estas tecnologías, que favorezcan la inclusión y el empleo digital entre los jóvenes.
Por último, el INAP, Fundación ONCE y el CERMI hacen hincapié en la importancia del “diseño de acciones de difusión encaminadas a potenciar el uso de cláusulas sociales en la contratación pública y el conocimiento y aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad”.
