- La patronal de Centros Especiales de Empleo manifiesta su preocupación por la firma de un preacuerdo para el XV Convenio Colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad que sitúa en clara desventaja a los centros de trabajo protegido que no son de iniciativa social.
- La medida podría poner en peligro más de 40.000 puestos de trabajo de personas con discapacidad.
(Madrid).- Ante la reciente firma de un preacuerdo para el XV Convenio Colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, de ámbito nacional y que sustituiría al vigente XIV Convenio, suscrito por los sindicatos FECCOO, FeSP-UGT y CIG, además de todos los miembros del banco patronal AEDIS, FEACEM, CECE, EyG, y ANCEE, exceptuada la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), ésta quiere poner de manifiesto su desacuerdo con el mismo.
El preacuerdo alcanzado establece que los CEE que no tengan la consideración de iniciativa social de acuerdo con la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad se regirán en materia salarial por lo establecido en el Convenio Colectivo del sector de actividad en el que los trabajadores realicen sus tareas, siempre que las retribuciones sean superiores a las establecidas en las tablas salariales del Convenio que se está negociando. En este sentido, CONACEE, entidad de ámbito estatal con casi 20 años de historia que representa a más de 400 Centros Especiales de Empleo (CEE) de toda España, considera absolutamente inadmisible la posibilidad de la aplicación de tablas salariales diferentes en función de la naturaleza del titular del Centro Especial de Empleo (CEE), es decir de si éste es o no de iniciativa social.
Asimismo, CONACEE considera que este Preacuerdo, el cual, como organización del sector se ha negado a firmar, constituye un nuevo ataque directo a los CEE que no son de iniciativa social, cuyos costes salariales en menos de un mes se van a ver directamente afectados, no sólo por el impacto del incremento del Salario Mínimo Interprofesional, sino además por una medida impuesta por vía de la negociación colectiva con la necesaria colaboración de un banco patronal mayoritario que, aun proclamando su carácter social, se autoexcluye de aplicarla entre sus propios trabajadores, pese al aparente beneficio que representaría para los mismos. En esta línea, desde CONACEE anticipamos que un Convenio Colectivo que recoja estas medidas tendrá unas graves consecuencias a nivel salarial y organizativo, poniendo en peligro la viabilidad de los CEE que no son de iniciativa social, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo.
Adicionalmente, las medidas incluidas en el preacuerdo suponen la vulneración de determinados derechos, incluidos los de los propios trabajadores con discapacidad, que desarrollando iguales funciones recibirán diferente remuneración en función de la titularidad del Centro Especial de Empleo.
Asimismo, el texto sienta las bases para una discriminación respecto a las personas con discapacidades severas a las que relega a la categoría de Operarios, fijando para los mismos una remuneración inferior a la del resto de trabajadores, ello con independencia del contenido de sus funciones.
En menos de un año, los Centros Especiales de Empleo que no son de Iniciativa Social, gracias a la iniciativa legislativa promovida por CERMI, han podido ser relegados frente a la nueva subcategoría de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social en todos sus ámbitos operativos:
- Han sido expulsados del mercado español de la contratación pública, a través de la reserva de la contratación.
- En determinadas Comunidades Autónomas, han sido relegados a una segunda categoría, cuando no excluidos, del acceso a determinadas ayudas públicas, que hasta abril de 2018 se distribuían sin discriminación entre todos los CEE.
- Y finalmente, mediante un incremento unilateral de sus costes salariales, las patronales mayoritarias AEDIS, Asociación Empresarial para la Discapacidad, y FEACEM, ambas asociadas a CERMI, y los principales sindicatos, en una actuación concertada y sin precedentes, sacrificando incluso la estabilidad laboral y vulnerando los derechos de las personas con discapacidad a las que todos ellos representan y defienden, pretende lograr el cierre de Centros Especiales de Empleo que respondan a cualquier otra iniciativa distinta de la social.
