El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha señalado este viernes que “la implementación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad debe ser una prioridad para las administraciones territoriales”.
Así se ha puesto de relieve durante la II Conferencia CERMI Territorios 2019, celebrada en la sede del CERMI Estatal con la participación de una nutrida representación de los CERMIS Autonómicos, con el fin de repasar y reforzar la agenda política de las personas con discapacidad y sus familias.
La apertura de la jornada ha corrido a cargo de la comisionada de CERMIS Autonómicos, Teresa Palahí, y del presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, quien, a su vez, ha impartido una ponencia en la que ha repasado la situación actual del sector de la discapacidad.
Pérez Bueno ha animado a seguir reforzando la agenda política de las personas con discapacidad y sus familias, “enriqueciéndonos con propuestas y proyectos de otros grupos del Tercer Sector de acción social”. En definitiva, según ha indicado, una agenda “susceptible de evolución y de ampliación” con miras a la creación de alianzas.
Además, ha apelado a la innovación, advirtiendo de que cada vez se tienen que tener en cuenta aspectos como la mayor discriminación de las mujeres y niñas con discapacidad, la ‘España vaciada’ y la soledad no querida. “Nuestro trabajo en el futuro tiene que ser multirrostro y multicanal, porque las personas con discapacidad somos sujetos plurales”, ha agregado.
Por su parte, el delegado del CERMI para los Derechos Humanos, Jesús Martín, ha repasado las principales observaciones del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas a España. Ha recordado que el Comité ha felicitado a España por los avances en los últimos años, pero ha advertido de que las observaciones siguen poniendo de manifiesto carencias importantes que deben entenderse como una “oportunidad de cambio, de transformación y de mejora colectiva”.
“VISIÓN PATERNALISTA”
“Todavía no ha aterrizado por completo el enfoque de derechos para la discapacidad en nuestro sistema, y sigue habiendo una visión paternalista”, ha indicado Martín Blanco, quien ha resaltado la necesidad de que el sector de la discapacidad sea reivindicativo ante las administraciones en cuestiones como la accesibilidad universal.
También ha señalado que las observaciones ponen el foco en la necesidad de avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el entorno rural, de la infancia con discapacidad y de las mujeres y niñas con discapacidad. En este sentido, ha urgido a dar “más voz a la infancia con discapacidad” y mejorar las políticas de atención temprana, un ámbito en el que ha denunciado “enormes desigualdades territoriales”.
Igualmente, ha criticado que “sigamos teniendo un sistema judicial hostil con las personas con discapacidad, que nos ‘revictimizan’, con muros no solo físicos, sino también actitudinales que ponen en cuestión nuestra credibilidad como víctimas al denunciar un delito. Por ello, es esencial mejorar la formación de los operadores jurídicos”.
En materia legislativa, el secretario general de la Plataforma del Tercer Sector, Rafael de Lorenzo, ha hecho una firme apuesta por la cohesión dentro del sector de la discapacidad para reforzar su capacidad propositiva y de incidencia política. Asimismo, ha subrayado la relevancia que tienen las estructuras del tercer sector de acción social en general en los diferentes territorios, incluida la Unión Europea.
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO
Por ello, cree que se deben impulsar regulaciones legales que contribuyan a su fortalecimiento. De este modo, ha enumerado las principales leyes que existen en materia de regulación del tercer sector, aunque ha lamentado que siga habiendo muchas comunidades sin una normativa autonómica y ha manifestado también que en la ley estatal hay cuestiones importantes que no recoge todavía.
Por otro lado, se ha celebrado un panel sobre actuaciones para solventar los problemas creados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con la no asimilación legal entre situaciones de incapacidad laboral de Seguridad Social y grado mínimo de discapacidad oficialmente reconocida, a cargo del Presidente de FEACEM, Daniel Aníbal García, y la secretaria general de dicha entidad, Pepa Torres.
Torres ha señalado que “cada comunidad autónoma tiene una regulación diferente”, aunque ha dicho que “les consta que hay voluntad política para solucionarlo”. En este sentido, el presidente del CERMI ha comentado que, si no se soluciona este problema formal, “con todo lo que hemos hecho en favor del empleo de las personas con discapacidad sobrevenida, podemos tener un tropezón grande”.
Posteriormente, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, ha expuesto las principales acciones que está llevando a cabo la entidad, mientras que la presidenta de CERMI Navarra, Mariluz Sánz, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que se vaya a celebrar en Pamplona el ‘III Foro social de mujeres y niñas con discapacidad’ los días 21 y 22 de noviembre.
Del mismo modo, el presidente de CERMI Galicia, Iker Sertucha, ha avanzado las claves en las que la entidad está trabajando para el Congreso de CERMIS Autonómicos de 2019, que se desarrollará en A Coruña el 17 y 18 de octubre. Además, el presidente de CERMI CV, Luis Vañó, ha recordado que Valencia acogerá la ‘Convención CERMI 2019’ sobre el sector de la discapacidad los días 4 y 5 de octubre en el Palacio de Congresos de la Ciudad de Valencia.
