(Andorra).- La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, considera que “es fundamental incorporar la discapacidad de forma transversal en todas las políticas”. Así lo ha asegurado en la II Reunión Iberoamericana de ministras y ministros de Asuntos Sociales, que se celebra en Andorra, con el título Innovación e inclusión en el ámbito de la discapacidad.
“No nos podemos limitar a realizar acciones específicamente destinadas a los colectivos más vulnerables”, ha insistido. Para la ministra esa es la hoja de ruta para avanzar en la dirección que marcan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030.
Carcedo ha destacado que España “ha mostrado un claro compromiso” tanto con la Convención como con la Agenda 2030, que “proporciona un marco actualizado de la Convención, con un enfoque universal y globalmente inclusivo”. Un ejemplo de ello, ha explicado la ministra es que mientras la Convención habla de “no discriminación”, la Agenda 2030, da un paso más y defiende “la plena inclusión”
España creó el Alto Comisionado para la Agenda 2030 con el propósito de seguir avanzando en la consecución de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La ministra ha recordado que el año pasado, España se sometió de forma voluntaria a un examen de la ONU donde presentó el Plan de Acción para la Agenda 2030.
La ministra ha recordado que con el objetivo de que la igualdad que proclama la Constitución “no sea meramente formal, sino también real”, España ha llevado a cabo una serie de reformas. Ha destacado el cambio en la legislación electoral, que ha permitido que el pasado 28 de abril, por primera vez en la historia, unas 100.000 personas con discapacidad intelectual hayan podido votar.
También ha explicado que España cuenta un sistema público de promoción de la autonomía personal, en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Cuenta con centros dedicados a la innovación tecnológica para avanzar en la plena accesibilidad como el Ceapat. También ha destacado el papel de la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS), que estudia las consultas o quejas presentadas por las personas con discapacidad con el ánimo de promover la no discriminación.
No obstante, Carcedo ha recordado que la interrupción de la legislatura ha dejado pendientes “otras tareas”, como la reforma de la Constitución, que sigue refiriéndose a las personas con discapacidad como “disminuidos”.
También se ha referido a otras reformas de la legislación civil y procesal. El objetivo es que las personas con discapacidad conserven, con carácter general, su capacidad de tomar decisiones por sí mismas, con los apoyos puntuales que requieran.
La ministra aboga por leyes que “garanticen que todas las personas tienen las mismas oportunidades de desarrollo personal y profesional”. Los datos, ha lamentado “Muestran que, a pesar del progreso realizado en los últimos años, las personas con discapacidad continúan enfrentando numerosas barreras para su plena inclusión y participación.
Carcedo se ha referido al informe del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de Naciones Unidas (UNDESA), que alerta de los niveles desproporcionados de pobreza entre las personas con discapacidad, la falta de acceso a la educación, servicios de salud y empleo y su escasa representación en la toma de decisiones y la participación política. Esta realidad afecta con particular dureza a las mujeres y niñas con discapacidad.
En España, alrededor del 8,5% de la población tiene algún tipo de discapacidad, lo que representa unos 4 millones de personas. “La mayoría de nosotros tenemos a alguien de nuestra familia o a algún amigo cercano con algún tipo de discapacidad”. Es más, ha recordado la ministra, “no tener una discapacidad hoy no es garantía de lo que ocurra mañana”.
La ministra ha finalizado su intervención agradeciendo a la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) que promueva y albergue el Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las personas con Discapacidad. “Permitirá la mejora del acceso a la justicia, a la educación, al empleo y a los servicios sanitarios, así como el fortalecimiento de las organizaciones y la mejora de los sistemas de información”, ha asegurado.
