(Madrid).- Tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia como organismo de gran representación a nivel nacional, manifiestan a BuenasNoticias.es que “se pone a disposición del nuevo Ejecutivo para trabajar por las demandas de estos colectivos, las cuales deben ser atendidas de manera seria y urgente”.
“Las personas con discapacidad o con algún grado de dependencia requieren de apoyos durante todo su curso vital para los que entidades públicas y privadas, han de trabajar conjuntamente para que éstos sean de calidad, eficientes y de acuerdo con las convenciones internacionales”, afirma Albert Campabadal en calidad de presidente del CEDDD.
España sigue necesitando reformas de calado para que las personas con discapacidad y/o dependencia no sufran mayores discriminaciones como las siguientes:
- Discriminaciones que afectan a las personas mayores, consecuencia de políticas autonómicas diferenciadas y una Ley de Dependencia carente de medios para su implementación, o con gravámenes impositivos injustos y no igualitarios.
- Discriminaciones sobre los trabajadores con discapacidad de Centros Especiales de Empleo, discriminados salarialmente -como resultado de la negociación colectiva- y cuyos puestos de trabajo están en serio peligro ante las restricciones impuestas a la operativa de esas entidades. Como consecuencia de la incoherente diferenciación que excluye a la mayoría de CEE de la contratación pública, también se abocará al cierre a muchos de esos Centros y la pérdida de más de 40.000 puestos de trabajo.
- Discriminaciones derivadas por el no respeto del modelo educativo llamado “especial”, optado por sus progenitores y consensuado con los hijos para el mayor bienestar de ambas partes.
- Discriminaciones sumadas a las relativas al género, el origen, su condición sexual o su ideología.
Por otra parte, y relacionado con lo anterior, el CEDDD reclama la aprobación definitiva de la reforma del artículo 49 de la Constitución para dotar mayor protección a los derechos de las personas con discapacidad, actualizando su lenguaje y poniendo énfasis sobre los derechos y deberes de los que son titulares estas personas, como ciudadanos libres e iguales al resto.
Y para finalizar expresan que “con el interés de defender y acompañar a nuestros representados reiteramos al nuevo gobierno nuestra disponibilidad para colaborar”.
