(Madrid).- La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, ha solicitado reunirse a la mayor rapidez posible con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; el ministro de Consumo, Alberto Garzón; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y con el director general del IMSERSO, Luis Alberto Barriga, con el objetivo de abordar la exclusión financiera que sufren los más de 10 millones de personas mayores y pensionistas en nuestro país.
La recién constituida PMP ha pedido estos encuentros con el objetivo de trasladar su preocupación ante la exclusión financiera que están sufriendo las personas mayores, causada por el cierre de miles de sucursales bancarias que se está produciendo desde hace años y que ha supuesto muy serias dificultades (en miles y miles de casos, una total imposibilidad) para este colectivo en cuanto a la utilización de los cajeros automáticos y a las comunicaciones on line.
Según les ha trasladado en una misiva el presidente de la PMP, Ángel Rodríguez Castedo, “esta exclusión financiera tiene unas graves consecuencias sobre las personas mayores (especialmente las muy mayores), que se sienten abandonadas, humilladas, incluso inútiles”. “Esto es maltrato. Edadismo”, ha aseverado.
En este sentido, les ha planteado el interés de la plataforma en participar en este proceso “que nos afecta” y en el que “creemos que podemos aportar propuestas constructivas que ayuden a garantizar la inclusión financiera y proteger el acceso de las personas mayores a los servicios bancarios”.
Entre las medidas que ha propuesto la PMP, destacan la necesidad de un nuevo marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios. Actualmente, hay en tramitación un anteproyecto de Ley para regular los servicios de atención al cliente, aprobado en Consejo de ministros el 16 de noviembre de 2021, en la cual se establecerá el derecho de los consumidores a obtener por parte del prestador de bienes y servicios una atención gratuita, eficaz, accesible, inclusiva, no discriminatoria y evaluable.
Asimismo, ha demandado la puesta en marcha por el sector bancario de medidas responsables como la creación de un “gestor del mayor” en cada una de las oficinas bancarias, que ayude a los mayores en su interacción con el banco, así como complementar los servicios digitales con una buena atención telefónica, la instalación de dispensadores de efectivo más allá de la oficina bancaria, especialmente en la España rural, o el incremento de las competencias digitales de las personas mayores, entre otros.
Además, ha incidido en la necesidad de hacer ver al sector bancario la oportunidad “reputacional” de poner en marcha medidas inclusivas para las personas mayores y que trabajemos desde el convencimiento de que “es posible la necesaria digitalización sin dejar a nadie atrás”.
Para la PMP, “hay que abordar este problema con urgencia al tratarse de un problema muy real y que afecta a una parte muy importante de la ciudadanía”. Problema que se ha puesto en la agenda política y social española mediante la iniciativa de Carlos San Juan, un usuario de banca de 78 años, que ha sido publicada en change.org: ‘Tengo 78 años y me siento apartado por los bancos. Atención humana en sucursales bancarias’, y cuyas reivindicaciones asume como propias la Plataforma de Mayores y Pensionistas.
