(Madrid).- La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, se ha mostrado “muy satisfecha” ante el acuerdo que este miércoles han alcanzado los grupos parlamentarios del Senado para dar un plazo de tres meses al Gobierno para que legisle contra la exclusión financiera a las personas mayores.
Este acuerdo ha quedado recogido en una enmienda transaccional que modifica el proyecto de ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. El texto de dicha enmienda establece que «el Gobierno promoverá, en el plazo de tres meses siguientes a la aprobación desde la entrada en vigor de la ley, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden, sin discriminación motivada por ‘brecha digital'».
Desde hace meses la PMP viene manteniendo diferentes encuentros con representantes políticos, entre ellos del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Popular, a los que ha trasladado sus denuncias sobre la exclusión financiera que están sufriendo las personas mayores y las personas con discapacidad mayores, causada por el cierre de miles de sucursales bancarias que se viene produciendo desde hace años. Una exclusión tanto social como financiera que ha supuesto muy serias dificultades (en miles y miles de casos, una total imposibilidad) para este colectivo en cuanto a la utilización de los cajeros automáticos y a las comunicaciones on line.
Así, la PMP ha logrado dar un importante paso adelante en su principal reivindicación: la urgente necesidad de un nuevo marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que conlleve que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal hasta su transición a la banca digital.
Una demanda que está reflejada en una moción adicional firmada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios y que se tramitará en el Congreso de los Diputados el jueves de la semana próxima. En dicha moción el Senado “insta al Gobierno a impulsar el humanismo en la prestación de servicios financieros ante la reducción del número de oficinas bancarias”.
En sus peticiones al Gobierno, la propuesta incluye que éste debe promover un servicio de calidad con tecnologías de acceso a la banca, sencillas, comprensibles, inclusivas y seguras, además de la modificación del concepto de cajero automático externo convirtiéndolo en un mecanismo más humano y amigable, simplificando su funcionamiento que permita un uso más intuitivo.
También se pide al Gobierno que se coordine con el Banco de España, como supervisor, y con representantes de entidades de crédito, a fin de promover medidas como evitar que el cierre de las oficinas bancarias conlleve la desaparición de cajeros automáticos externos; aumentar el personal de apoyo para ayudar a las personas con menores capacidades digitales a realizar las operativas necesarias; la instalación de señales e indicaciones de prioridad en el uso de los cajeros automáticos por parte de personas mayores, embarazadas y personas dependientes, reservando en la medida de lo posible cajeros para su uso exclusivo.
Respecto a las demandas dirigidas a las entidades financieras, se les solicita que desarrollan espacios de convivencia en antiguas oficinas, que difundan su existencia y forma de acceso entre los clientes de mayor edad y menor capacidad tecnológica. Al mismo tiempo, también se les pide que ofrezcan a los consumidores más vulnerables la gestión de citas previas mediante atención telefónica personalizada.
La propuesta de los grupos parlamentarios en el Senado también insta a la firma de convenios con Comunidades Autónomas y Diputaciones para el desarrollo del “ofibús” con cajeros móviles universales en las zonas rurales y otras zonas con menor acceso a servicios financieros bancarios.
Por último, otra de las demandas de los representantes del Senado se dirige a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y las entidades financieras bancarias para instarles a que firmen convenios que faciliten que las entidades bancarias presten sus servicios a través de las oficinas de Correos y unidades móviles financieras para dar cobertura suficiente en el mundo rural, donde no existen sucursales bancarias ni red de cajeros automáticos.
Las demandas contenidas en la propuesta coinciden en gran medida con las reivindicaciones de la PMP, que ha considerado que este nuevo avance en la tramitación de una nueva ley es importante, pero continuarán reuniéndose con representantes políticos e instituciones para que se hagan realidad “lo antes posible” y para conseguir que todas las medidas tomadas sean evaluadas durante su proceso de implantación, realizando un seguimiento para su real efectividad.
No solo se trata de que exista un protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca, sino que, según reitera la plataforma, se requieren actuaciones concretas reguladas a través de ese nuevo marco legal, el cual debe obligar a las entidades a mejorar la atención de las personas mayores, al mismo tiempo que contemplar un cuadro de infracciones y de posibles sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma.
