En España, la atención a la dependencia continúa siendo, diecinueve años después de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, un derecho que no termina de hacerse efectivo. Así lo revela el último Informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado con datos oficiales a 31 de diciembre de 2025, que dibuja un panorama tan contundente como desolador: 32.704 personas fallecieron en 2025 mientras esperaban una valoración o una prestación a la que tenían derecho
La cifra equivale a 90 personas al día, una cada quince minutos. Detrás de ese dato, el Observatorio insiste en que no hay estadísticas abstractas, sino personas reales y familias enteras que han visto pasar los meses sin respuesta de la Administración. “258.167 personas en listas de espera que, diga lo que diga el Ministerio, han solicitado ser valoradas y atendidas por su situación de dependencia”, subraya el informe, que reclama no invisibilizar a quienes siguen atrapados en el sistema.
Un sistema que no llega a tiempo
A comienzos de 2026, con los datos consolidados de 2025, 258.167 personas se encontraban en lista de espera del Sistema de Atención a la Dependencia. De ellas, 109.260 estaban pendientes de valoración, mientras que 148.907 ya tenían el derecho reconocido pero seguían esperando recibir la prestación o el servicio correspondiente. Este segundo grupo es el que el informe denomina con crudeza el “limbo de la dependencia”: personas reconocidas por la ley, pero desatendidas en la práctica.
Aunque el Ministerio de Derechos Sociales presenta cifras más optimistas al acotar la lista de espera solo a los incumplimientos del plazo legal de 180 días, el Observatorio advierte que esa interpretación reduce artificialmente el problema. “Cuando el Ministerio rebaja la cifra de desatención, ‘su’ lista de espera se refiere exclusivamente a aquellas personas con las que la Administración no está cumpliendo la Ley”, señala el documento. En la realidad, el ritmo de reducción es tan lento que, según sus cálculos, serían necesarios 21 años para lograr la plena atención si no se produce un cambio estructural.
Más personas atendidas, pero con servicios “low cost”
El informe reconoce que 2025 volvió a batir el récord de personas atendidas, una tendencia que las administraciones suelen utilizar para justificar su gestión. Sin embargo, el Observatorio advierte de la otra cara de la moneda: el crecimiento se apoya en prestaciones y servicios de bajo coste, lo que consolida un sistema que define sin rodeos como “low cost”.
En 2025 se atendió a 158.618 personas dependientes más que al final de 2024, y el número total de prestaciones y servicios aumentó en 266.201. Pero el mayor incremento se concentró en figuras como la Prestación por Cuidados en el Entorno Familiar o la teleasistencia, mientras que los servicios de mayor intensidad y coste, como residencias o centros de día, crecieron de forma mucho más limitada.
El propio informe contextualiza este fenómeno en una decisión política clave: la paralización en 2024 del incremento de 600 millones de euros anuales que había impulsado el Plan de Choque entre 2021 y 2023. Esa merma en la financiación no ha frenado la incorporación de nuevos beneficiarios, pero sí ha limitado la calidad y la intensidad de la atención.
El tiempo de espera, cada vez más largo
Uno de los indicadores más preocupantes del informe es el tiempo medio de espera, que lejos de reducirse, aumentó en 2025. A finales de año, el promedio nacional se situaba en 341 días, siete más que al comenzar el ejercicio y muy por encima del plazo máximo de 180 días que marca la normativa.
Solo cinco comunidades autónomas y Ceuta y Melilla cumplen, de media, con ese límite legal. En el extremo opuesto, algunas regiones presentan cifras alarmantes: Murcia alcanza los 559 días de espera, seguida de Andalucía (496 días) y Canarias (430 días). El informe habla sin ambages de un “proceloso recorrido” administrativo que convierte el acceso a la dependencia en una carrera de obstáculos.
Además, dos comunidades, Madrid y Murcia, han incrementado de forma notable sus tiempos de tramitación en 2025, con 42 y 39 días más, respectivamente. Aunque otras, como Canarias, Andalucía y Galicia, han logrado reducirlos, el balance nacional sigue siendo negativo.
Fallecer sin recibir la ayuda
Las consecuencias humanas de estos retrasos son devastadoras. En 2025, 17.994 personas murieron esperando ser valoradas y 14.710 fallecieron después de que se les reconociera el derecho, pero sin llegar a recibir la prestación. Casi dos de cada tres fallecimientos se concentran en cuatro comunidades: Cataluña (9.116), Andalucía (6.995), Comunidad Valenciana (3.103) y Canarias (2.202).
El Observatorio recuerda que, desde la puesta en marcha del sistema, casi un millón de personas han fallecido en listas de espera, una cifra que resume el fracaso estructural de un modelo incapaz de responder a tiempo. La “lista de espera”, explica el informe, comienza en el mismo momento en que una persona solicita la valoración, y se prolonga a través de un laberinto de trámites que, en demasiadas ocasiones, termina en el fallecimiento del solicitante.
Desigualdades territoriales persistentes
El análisis territorial confirma que la dependencia en España sigue marcada por profundas desigualdades entre comunidades autónomas. Más del 70% de las personas en lista de espera se concentran en solo cinco regiones: Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y Murcia. En términos relativos, Canarias presenta el mayor porcentaje de personas desatendidas, con un 27,8% de solicitantes esperando algún trámite, seguida de Murcia y Cataluña.
En contraste, comunidades como Galicia, Navarra, Madrid o Cantabria presentan porcentajes mucho más bajos, lo que evidencia un sistema fragmentado en el que el acceso efectivo a un derecho depende en gran medida del lugar de residencia.
El informe también alerta de la evolución negativa en 2025 de algunas comunidades. Cantabria (+58,3%), Navarra (+31%) y Extremadura (+24,1%) registraron fuertes incrementos en su lista de espera, mientras que Galicia, Castilla y León y Canarias lograron reducciones significativas. En términos absolutos, el aumento en Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura supera, en conjunto, el crecimiento del resto del Estado.
Burocracia y financiación, las claves del problema
El Observatorio identifica dos causas fundamentales de los “impresentables retrasos” del sistema. Por un lado, los recortes y la insuficiente financiación, que han lastrado el despliegue de la ley desde sus inicios. Por otro, un entramado burocrático “disparatado y proceloso” que, lejos de garantizar derechos, se convierte en una “trampa mortal” para quienes necesitan atención.
En la mayoría de comunidades, el procedimiento se divide en dos resoluciones administrativas: una para reconocer el grado de dependencia y otra para aprobar la prestación o el servicio. Cuando finalmente llegan ambas, la situación de la persona suele haber cambiado, obligando a reiniciar el proceso. El resultado es un sistema lento, ineficaz y profundamente injusto.
Un derecho pendiente
A pesar de los avances logrados en casi dos décadas y de los millones de personas atendidas, el informe concluye que la dependencia sigue siendo un derecho pendiente en España. Reducir las listas de espera y los tiempos de tramitación se presentan como prioridades inaplazables, no solo para mejorar la eficiencia del sistema, sino para evitar que miles de personas sigan muriendo cada año sin haber recibido la ayuda que la ley les reconoce.
Porque, como recuerda el propio Observatorio, detrás de cada cifra hay una historia de espera, de desgaste y, en demasiados casos, de abandono institucional. Un recordatorio incómodo de que el éxito de una política social no se mide solo por el número de expedientes resueltos, sino por la capacidad real de llegar a tiempo.
