El XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia señala que, pese al aumento de personas atendidas y al mayor gasto registrado hasta la fecha, el sistema mantiene largas listas de espera, desigualdades territoriales y prestaciones de baja intensidad.
Más personas atendidas, pero con un sistema tensionado
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) cerró el año 2025 con cifras récord tanto en número de personas atendidas como en inversión pública. Sin embargo, el desarrollo del sistema continúa marcado por largas listas de espera, desigualdades territoriales y prestaciones consideradas insuficientes para cubrir las necesidades reales de muchas personas dependientes.
Según el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia en España había 1.784.369 personas con dependencia reconocida a finales de 2025, lo que supone un incremento de 147.612 personas respecto al año anterior. Además, durante el último ejercicio 158.618 personas más comenzaron a recibir algún tipo de atención dentro del sistema.
Estas cifras reflejan una expansión del sistema en términos de cobertura. Sin embargo, el propio informe advierte de que este crecimiento no ha venido acompañado de una mejora proporcional en la intensidad de las prestaciones ni en la rapidez de los procedimientos administrativos.
Más de 258.000 personas siguen esperando atención
Uno de los datos más relevantes del dictamen es el volumen de personas que aún no reciben atención efectiva pese a haber iniciado el proceso administrativo.
Al finalizar 2025 había 258.167 personas a la espera de ser atendidas, en diferentes fases del procedimiento. De ellas, 148.907 ya tenían reconocido el derecho a una prestación o servicio, pero todavía no lo habían recibido, mientras que 109.260 seguían pendientes de valoración de su grado de dependencia.
El Observatorio advierte de que, al ritmo actual de incorporación de beneficiarios, “se tardarían más de diez años en alcanzar la plena atención” dentro del sistema.
A este retraso estructural se suma el aumento del tiempo medio de tramitación. En 2025, resolver un expediente de dependencia requirió una media de 341 días, siete más que el año anterior.
32.704 personas fallecieron en lista de espera
El informe también pone el foco en una de las consecuencias más dramáticas de las demoras administrativas: las personas que fallecen antes de recibir las prestaciones a las que tienen derecho.
Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 murieron 32.704 personas mientras esperaban una valoración o la prestación reconocida, lo que equivale a una muerte cada 16 minutos en el proceso administrativo de la dependencia.
De ellas, 17.994 estaban pendientes de que se resolviera su grado de dependencia, mientras que 14.710 ya tenían reconocido ese grado pero no habían llegado a recibir la prestación o servicio correspondiente.
El informe subraya que estas personas “no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones”.
La mayor inversión histórica en dependencia
En términos económicos, el sistema alcanzó en 2025 su mayor nivel de inversión desde la aprobación de la Ley de Dependencia.
El gasto total ascendió a 13.506,6 millones de euros, equivalente al 0,8% del Producto Interior Bruto (PIB) español. No obstante, el dictamen subraya que esta proporción sigue siendo aproximadamente la mitad de lo que destinan de media los países de la Unión Europea a este ámbito.
De ese total, 11.847,9 millones correspondieron directamente a prestaciones y servicios, mientras que el resto incluye copagos y gastos de gestión del sistema.
A pesar de esta cifra récord de inversión, el documento señala que en 2024 se paralizó el incremento anual de 600 millones de euros que el Plan de Choque había impulsado entre 2021 y 2023, lo que ha limitado el desarrollo del sistema.
Un sistema con prestaciones de baja intensidad
Uno de los aspectos más criticados por el Observatorio es la tendencia hacia un modelo de atención de bajo coste.
El dictamen señala que “los procedimientos burocráticos y las escasas cuantías de las prestaciones, junto con la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad, hacen un Sistema low cost que es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia”.
Entre los ejemplos citados destaca el peso de las prestaciones económicas vinculadas al cuidado familiar. Actualmente, el 44,6% de las personas beneficiarias del sistema reciben este tipo de prestación, cuyo importe medio mensual ronda los 264,55 euros.
El informe también advierte de la insuficiencia de determinados servicios. En el caso de la ayuda a domicilio, por ejemplo, las intensidades medias apenas alcanzan 37,49 horas mensuales, lo que equivale a poco más de una hora diaria para muchas personas dependientes.
Desigualdades entre comunidades autónomas
El desarrollo del sistema también presenta importantes diferencias territoriales.
La escala de valoración del Observatorio —que analiza veinte indicadores relacionados con cobertura, financiación o gestión— sitúa a Castilla-La Mancha (8,25 puntos) y Castilla y León (7,5) como las comunidades con mejor puntuación.
En el extremo contrario aparecen Extremadura (2,25 puntos), Ceuta y Melilla (2,5), Murcia (3,25), Cataluña (3,25) y Cantabria (3,5), lo que refleja disparidades significativas en la implantación del sistema.
Estas diferencias se observan también en aspectos como el porcentaje de personas atendidas, los tiempos de resolución o el gasto público por persona dependiente.
Un derecho aún pendiente
Casi dos décadas después de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, el dictamen concluye que el sistema ha avanzado en cobertura, pero aún enfrenta importantes desafíos estructurales.
El documento recuerda que más de cuatro millones de personas han recibido atención del sistema en estos 19 años, aunque alrededor de 900.000 han fallecido mientras permanecían en listas de espera.
En este contexto, el Observatorio considera necesario reforzar la financiación del sistema, reducir la burocracia y aumentar la intensidad de las prestaciones para garantizar que el derecho reconocido por la ley se traduzca en una atención efectiva.
Mientras tanto, las cifras de 2025 muestran un sistema en expansión, pero todavía lejos de alcanzar la plena cobertura de las personas en situación de dependencia en España.
