- La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social informa a las CC.AA. del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.
- El anteproyecto modifica 13 leyes y castiga todo tipo de violencia sea cual sea su forma de comisión, incluida la realizada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.
- María Luisa Carcedo también ha informado a los consejeros y consejeras sobre el Plan Nacional de Alzhéimer 2019-2023 cuya redacción se está ultimando.
- La Ministra ha trasladado a las CC.AA. el proyecto de Real Decreto para regular el Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales (SIESS) destinado a normalizar, integrar y organizar toda la información disponible de servicios sociales.
- Las comunidades autónomas también han recibido información sobre la nueva Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023.
(Madrid).- La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha presidido el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, en el que ha informado a los consejeros de Servicios Sociales del anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.
La Ley tiene como objetivo general convertir la infancia en un bien colectivo de especial protección. De esta forma, el Gobierno da respuesta al problema de la violencia contra la infancia y apuesta de forma decidida por un modelo que sitúa a niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas de los poderes públicos como titulares de derechos subjetivos.
El anteproyecto, que modifica 13 leyes, establece un concepto de violencia muy amplio que abarca toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidas las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente. Se castiga todo tipo de violencia sea cual sea su forma de comisión, incluida la realizada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.
Entre las novedades que introduce la norma en sus distintos ámbitos de actuación destaca el establecimiento del deber de cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor a comunicarla ante la autoridad competente.
También contempla la modificación del Código Penal para ampliar de forma muy relevante el plazo de prescripción de los delitos más graves contra los menores (el inicio del cómputo del plazo para su prescripción comienza cuando la víctima cumple los 30 años, actualmente comienza a contar a partir de los 18 años); el endurecimiento de las condiciones de cumplimiento de los condenados por agresiones sexuales a menores, que no podrán acceder a los permisos penitenciarios o al tercer grado hasta que hayan cumplido la mitad de la pena; o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite al juez retirar contenidos ilícitos de páginas web como medida cautelar durante la investigación del caso.
En todos los delitos sexuales y de trata, la condena conllevará la inhabilitación para cualquier profesión u oficio que suponga contacto regular y directo con menores.
Plan Nacional de Alzheimer.- Carcedo también ha informado a los consejeros y consejeras sobre el Plan Nacional de Alzhéimer 2019-2023 cuya redacción se está finalizando y que recoge objetivos y medidas transversales para mejorar el diagnóstico de la enfermedad, la atención a las personas afectadas y a los familiares que los cuidan. Ello implica sensibilizar y concienciar a la sociedad; prevenir su aparición, mejorar su diagnóstico y el tratamiento; fortalecer el sistema de atención a la persona enferma y a quien le cuida y apostar por la investigación, la innovación y el conocimiento.
El Plan Nacional de Alzheimer pretende reducir el impacto de la enfermedad, favorecer el mantenimiento de la persona con Alzhéimer en su entorno natural, poner en marcha respuestas sociales y sanitarias adecuadas y mejorar el conocimiento relativo a la dimensión y las necesidades de las personas con Alzhéimer y sus familias. En esta línea, la detección temprana es uno de los avances que marca el Plan, para lo que prevé el desarrollo de programas de información y sensibilización de profesionales sanitarios, para la detección de signos y síntomas de la enfermedad.
Además, tiene como objetivo frenar el impacto económico y social de la enfermedad. En esta línea, persigue el apoyo a los familiares cuidadores a través de otros sistemas, como la seguridad social, el ámbito laboral o la vivienda.
El Plan recoge medidas como la formación de los profesionales de Atención primaria para la detección de situaciones de sobrecarga y estrés de familiares cuidadores.
Distribución de Créditos.- Las comunidades autónomas y el Ministerio han acordado por unanimidad mantener los criterios de reparto de créditos procedentes del Estado para 2019 tal y como se estableció en el anterior Consejo Territorial, del mes de julio pasado.
Se trata fondos obtenidos a través de la recaudación del 0,7% del IRPF. El 80,44% de estos fondos, que el año pasado ascendieron a un total de 251.971.360 millones de euros, se reparte entre las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, para que a su vez lo destinen a financiar programas de interés social dentro de sus competencias. Se trata de subvenciones finalistas dirigidas a la atención de la pobreza y la exclusión social.
A la espera de la certificación definitiva del Ministerio de Hacienda, se espera que la cifra recaudada a través de la Declaración de la Renta en 2018, correspondiente a 2017, supere la del ejercicio anterior. Así, las comunidades autónomas han acordado que recibirán al menos la misma cuantía que en 2018 y que el incremento respecto a esta cantidad se distribuirá a partir del criterio acordado en julio de 2018 en el seno de una comisión de indicadores creada a tal efecto.
María Luisa Carcedo ha anunciado que se consolidará la partida de 5,2 millones de euros que se destinó el verano pasado al programa Vacaciones en Verano, Seguir Aprendiendo (VECA), para que más niños y niñas en situación de vulnerabilidad económica no se queden en verano sin derecho al ocio y puedan mantener una alimentación sana y equilibrada. También ha avanzado que se va a llevar a cabo una reordenación del crédito de atención a la pobreza infantil y las prestaciones básicas de servicios sociales incrementando la dotación destinada al Plan Concertado.
Nuevo Sistema de Información de Servicios Sociales.- Carcedo también ha informado del proyecto de Real Decreto para regular el Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales (SIESS). El objetivo es normalizar, integrar y organizar toda la información disponible de servicios sociales en todas las comunidades autónomas, así como la distribución de la información de la forma más conveniente, para facilitar la toma de decisiones.
El nuevo sistema permitirá conocer las características básicas de las personas usuarias de servicios sociales, por qué acuden a servicios sociales y qué prestaciones y servicios reciben. De esta forma, se podrán identificar las necesidades de la población en relación con los servicios sociales. También permitirá conocer las prestaciones y servicios de que disponen los servicios sociales y la cobertura que tienen en cada territorio. Así mismo, se conocerá la inversión que realizan las administraciones en materia de servicios sociales y cómo la financian. Finalmente, permitirá conocer la opinión de las personas sobre el funcionamiento de los servicios y prestaciones y sobre la red pública de servicios sociales.
Este nuevo sistema permitirá la interoperabilidad entre los distintos sistemas que interactúan con los servicios sociales (Empleo, Salud, comunidades autónomas, ayuntamientos). Todo ello contribuirá a la consolidación de la Red Pública de Servicios Sociales.
Estrategia Nacional para la Inclusión del Pueblo Gitano.- La Ministra también ha informado a las comunidades autónomas de la situación de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020. Las comunidades autónomas están trabajando en la elaboración del informe de progresos 2018 de la Estrategia, incluido en el Plan Operativo 2018-2020.
Fruto de un largo proceso participativo en el que se contó con la colaboración de las comunidades autónomas, ministerios de la Administración General del Estado, entidades sociales del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y otras entidades y organismos, el Plan incluye medidas concretas en las cuatro áreas de actuación clave de la Estrategia: Educación, Empleo, Vivienda y Salud. Además, incorpora otras cinco líneas de actuación: Inclusión social, Igualdad y violencia de género, No discriminación y antigitanismo, Cultura, y Ciudadanía y participación.
También se ha informado de que la próxima jornada anual sobre pueblo gitano, organizada en colaboración con las comunidades autónomas y el Consejo estatal del Pueblo Gitano, se celebrará en otoño en Oviedo y se centrará en Salud y Población Gitana. Estos seminarios temáticos se celebran cada año para impulsar la transferencia de conocimiento y buenas prácticas en materia de inclusión social de la población gitana entre las distintas administraciones.
Pobreza y Exclusión.- Las comunidades autónomas también han recibido información sobre la nueva Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023, cuya elaboración se está ultimando.
Se trata de una estrategia transversal que integra pilares básicos de protección como son el empleo, la educación y la formación, la vivienda, la sanidad, dependencia y discapacidad y las prestaciones sociales. Los objetivos y líneas de actuación se articulan a través de cuatro metas estratégicas: pobreza y desigualdad (especialmente infantil), inversión en las personas (jóvenes y otros grupos vulnerables), protección social y eficacia de las políticas.
Así, el Ministerio contempla en el borrador de la estrategia medidas como, por ejemplo, avanzar hacia un sistema de ingreso mínimo vital, dar prioridad a las familias monoparentales. También contempla medidas fiscales como la excepción de la donación de alimentos en el IVA. En cuanto al empleo, propone incentivar la contratación de personas con más dificultades de acceso al empleo.
