(Madrid).- A pesar de las voces de alarma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la actualidad se siguen produciendo violaciones de los derechos humanos en el ámbito de la atención a las personas con problemas de salud mental. A menudo, también en nuestro país, “los abusos son el resultado de prácticas erróneas y de políticas y leyes que no se aplican adecuadamente”, señala Francisco Sardina, presidente de Fundación Manantial.
El viernes pasado, la Fundación Manantial celebró su XVII Jornada Anual ‘El respeto a los derechos humanos en la atención a la salud mental’ en el auditorio de CaixaForum de Madrid. “La finalidad es reflexionar acerca de las prácticas de los profesionales que trabajamos en salud mental para lograr que nuestras intervenciones profesionales estén alineadas con el pleno respeto a los derechos humanos”, detalla Helena de Carlos, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Fundación Manantial.
Según Javier Romero, psiquiatra y director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, “el abordaje efectivo de estos pacientes implica dar un giro hacia una labor más de cuidados que de custodia; incrementar la oferta psicoterapéutica durante el ingreso; ofrecer más garantías en las decisiones de representación e incorporar la figura del defensor en este proceso; y acometer cambios estructurales que reduzcan el estrés ambiental provocado por la poca flexibilidad para tener un espacio más privado”.
Uno de los puntos críticos desde la perspectiva de los derechos humanos y de la mejora de la humanización de la asistencia sanitaria es el uso de contenciones físicas. Según el psiquiatra, “las contenciones en sí están obsoletas y atentan contra los derechos humanos, son la muestra de un fracaso en el proceso de cuidar a una persona en crisis”. El psiquiatra añade que “los protocolos de contenciones deberían contemplar medidas más garantistas, como incorporar el aviso al familiar o representante”.
Desde Fundación Manantial coinciden en que la tendencia debería ser cero contenciones físicas: “Es una experiencia que, en palabras de los usuarios y las familias, resulta muy traumática. Como profesionales que trabajamos cerca de las personas y no solo desde los espacios sanitarios, tenemos la responsabilidad de formarnos y abordar nuestro trabajo desde una ética de los cuidados, en espacios adecuados y con protocolos que cuiden el trato, la escucha y la empatía con las personas que sufren”.
Planificación anticipada de decisiones en salud mental
“Estamos ante un cambio, quizás demasiado lento, dirigido a una atención más cuidadosa con los derechos de los pacientes”, asegura Javier Romero. Tanto el psiquiatra como la portavoz de Fundación Manantial destacan la recomendación de permitir una presencia mayor de familiares o representantes y fomentar la participación de los pacientes en la toma de decisiones. En este sentido, ya hay servicios que han implementado la planificación anticipada de decisiones en salud mental, con el objetivo de respetar las voluntades y preferencias que manifiestan los usuarios durante sus periodos de estabilidad emocional.
Por otro lado, salvo en casos excepcionales, las unidades cerradas de Psiquiatría son la norma en los hospitales. Javier Romero indica que protocolizar la acogida de los pacientes en los servicios de salud mental “ayudaría a dignificar el trato” y que “habría que favorecer espacios de deliberación tras los incidentes para que profesionales y pacientes analicen las medidas de apoyo que pudieron fallar”.
Hacer realidad el pleno respeto a los derechos humanos
La vocación de la XVII Jornada Anual de la Fundación Manantial es servir de espacio de conocimiento y reflexión para que administración, usuarios, profesionales y familiares compartan esfuerzos para hacer realidad el pleno respeto a los derechos humanos en salud mental. Así, el programa contó también con la participación de Encarnación Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional; Arturo Rippa, del Departamento de Salud Mental de Trieste (Italia); Begoña Beviá, enfermera especialista en salud mental; la psicóloga y experta en primera persona Grecia Guzmán; y Javier Pallarés, director de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA). Finalmente, la Jornada fue clausurada por el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero.
