(Madrid).-El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha calificado de “día histórico” para la discapacidad y lo social el proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que ha sido aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que ahora pasa a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.
Se trata de una jornada trascendental para las personas con discapacidad y sus familias en España y también para todo el ámbito de lo social ya que, en sus más de cuatro décadas de vigencia “es la primera reforma de la Constitución Española de 1978 que tiene clara y netamente un contenido social”.
El objetivo es reformular completamente el artículo 49, dedicado a las personas con discapacidad, que según CERMI había quedado “desalineado y anticuado” dada la evolución que ha experimentado la concepción y el enfoque de la discapacidad como una “cuestión de derechos humanos”.
El nuevo artículo actualiza la terminología desterrando la palabra disminuidos que para CERMI es “hiriente y no encaja con el modelo social de la discapacidad”. Sin embargo, aparte del cambio de nomenclatura, para la entidad esta reforma “va mucho más allá” puesto que establece un nuevo artículo mucho más amplio e integral que cristaliza la visión de derechos humanos de acuerdo con el marco internacional y europeo, además de prohibir expresamente cualquier tipo de discriminación.
En este sentido, el CERMI solicita cuando llegue al Parlamento el apoyo de todas las fuerzas políticas puesto que el proyecto ha sido construido “desde la consulta, el diálogo y el consenso previos tanto en sede parlamentaria como con el sector social que representa a las personas con discapacidad y sus familias”. El CERMI espera de los grupos un respaldo constructivo y en su caso mejoras que lo perfeccionen y amplíen, siempre con voluntad de acuerdo.
Además, según el presidente de CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, “esta reforma situará a España en el rango constitucional como uno de los países con legislación fundamental más avanzada en materia de personas con discapacidad”. Por ello, Pérez Bueno la ha considerado como “una buena propuesta” que “si bien puede ser mejorada en ciertos aspectos en el trámite parlamentario, puede ser precursora de futuras reformas de carácter social de más amplio calado, como la constitucionalización como fundamentales de los derechos sociales”.
Por último, ha recordado la importancia y el gran calado que esto tiene para todo el sector social de la discapacidad en la historia democrática puesto se da un paso “muy firme y muy decidido” en hacer real esa definición que la Constitución vigente ofrece de España como Estado social, democrático y de derecho, “poniendo el acento en lo social”.
