La Universidad Pablo de Olavide y Fundación ONCE han firmado un convenio marco de colaboración en favor de la inclusión social de las personas con discapacidad que tiene como objetivo avanzar hacia una universidad y una sociedad más inclusiva.
El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva Blázquez, y la directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, Isabel Martínez Lozano, han sido los encargados de suscribir este acuerdo en un acto al que también han asistido el vicerrector de Cultura y Políticas Sociales de la UPO, David Cobos Sanchiz, y la directora académica de Integración y Diversidad Funcional, María José Parejo Guzmán.
En virtud de este acuerdo ambas instituciones se han comprometido a colaborar para la mejora de la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, la inclusión y la no discriminación de todas las personas con discapacidad en el seno de la comunidad universitaria, fomentando, además, la contratación pública socialmente responsable.
En palabras de Francisco Oliva, “el siglo XXI tiene que ser el siglo de la inclusión”. El rector ha puesto en valor los proyectos que se están llevando a cabo en la Universidad Pablo de Olavide para la inclusión y la accesibilidad y ha remarcado también la importancia de trabajar para la creación de puestos de trabajo inclusivos.
Por su parte, Isabel Martínez Lozano ha destacado “la necesidad de desarrollar proyectos colaborativos entre los distintos agentes del mundo universitario, para poder conseguir una mayor presencia de personas con discapacidad en la educación superior”.
Los ámbitos de actuación de este convenio son, entre otros: la sensibilización, concienciación y formación, la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas, o el fomento de la igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad y su inclusión laboral.
Asimismo, la Universidad Pablo de Olavide estudiará la posibilidad de formar parte del ‘Foro de la Contratación Socialmente Responsable’, que tiene como fin promover la inclusión de cláusulas de contenido social en la contratación pública y privada que favorezcan al colectivo de las personas con discapacidad.
Además, en el acuerdo ambas instituciones han manifestado su interés en impulsar un reglamento interno que regule las medidas de acceso de las personas con discapacidad a los cuerpos docentes e investigadores, así como de administración y servicios de la Universidad, aplicando, desarrollando y concretando en su normativa propia la legislación vigente en materia de reserva de empleo público de personas con discapacidad e incluyendo un conjunto de medidas de acción positiva para que el personal docente e investigador con discapacidad pueda desarrollar en plenitud su carrera profesional.
El convenio se circunscribe dentro del marco de las numerosas actuaciones que se vienen desarrollando en materia de integración y diversidad funcional en esta Universidad, en la que el actual equipo de gobierno ya ha manifestado reiteradamente su apuesta por posicionar esta línea de trabajo en un lugar preeminente dentro del conjunto de políticas sociales para este período.
