CERMI
La Consejería de Hacienda y Administración Pública está trabajando en un decreto para regular el acceso de las personas con discapacidad al empleo público. De acuerdo al borrador que ya se ha publicado en el portal de transparencia de la Junta, entre otras medidas se plantea reservar un 10% de las plazas que se oferten en cada convocatoria a este colectivo, con la novedad de que aquellas que no se cubran puedan pasar después al turno libre (antes se perdían).
Además, se establecerá una reserva especial de vacantes para la promoción interna de estos funcionarios y en los casos de discapacidad sobrevenida por edad, accidente o enfermedad, se tratará de «adaptar» el puesto de trabajo. Tanto el Comité de Entidades Representants de Personas con Discapacidad (Cermi) como el sindicato CSIF (mayoritario en la Administración autonómica) han valorado de forma muy positiva el texto, pues el empleo público se considera como una de las alternativas más relevantes para que una persona con discapacidad pueda acceder a un puesto de trabajo estable.
«Ese 10% es una tasa ejemplarizante para el resto de autonomías», detalla el gerente de Cermi Extremadura, Alfonso Cortés. Según explica, con esta normativa Extremadura «da ejemplo» al resto al resto de comunidades al ser una de las primeras regiones en legislar sobre este tema en España.
El problema, lamentan desde CISF, son las tasas de reposición. «Con las limitaciones que hemos tenido en los últimos años la oferta es muy escasa», recuerda Miguel Díaz Prieto, que en cualquier caso aboga por establecer garantías de igualdad. El decreto está aún en trámite, pero el deseo del Cermi es que se pueda aplicar ya en las oposiones del Servicio Extremeño de Salud (SES), cuya covocatoria está prevista para los meses de mayo o junio.
Con el nuevo texto se impulsa el desarrollo de la Ley de Función Pública de Extremadura, que obliga a la Administración regional a regular con una normativa específica el acceso de las personas con discapacidad al empleo público. Según explica la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la novedad fundamental que se establece es la reserva del 10% de las plazas que se oferten en todos los procesos selectivos de la Administración autonómica a personas con discapacidad, frente al 7% que fija la Administración estatal.
Esta reserva del 10%, no obstante, ya se venía aplicando desde el 2012 en la región, de forma que lo que se hace ahora es elevarlo a rango de ley. Dentro de ese 10%, se fija además un cupo específico del 2% para personas con discapacidad intelectual (excepto para el personal docente no universitario y personal sanitario), plazas que deberán ofertarse de forma independiente y que en el caso de no cubrirse, se acumularán para la oferta siguiente. En el caso de discapacidad física, las vacantes que no se cubran sí podrán pasar después al turno libre.
En estos momentos, detalla el Cermi, se está negociando con la Junta para determinar las categorías que pueden resultar más accesibles al colectivo. Para Cortés, es muy positivo que la tasa de reserva extremeña se eleve por encima de la que fija el Estado y también destaca que por primera vez se establezca un cupo específico para pesronas con discapacidad intelectural, cuya integración suele ser más complicada.
Precisamente por ello, la normativa recoge que habrán de realizarse labores de tutoría y apoyo. Con carácter previo se impartirán cursos de formación y después de acceder al puesto de trabajo se plantean también acciones específicas. «La discapacidad, al igual que la maternidad, excedencias y situaciones asimiladas, priman para el acceso a la formación», detalla la Consejería de Administración Pública.
Discapacidad sobrevenida
Con este nuevo decreto, la Junta establece también una reserva especial de plazas para la promoción interna de los empleados públicos con discapacidad y «se aclaran y regulan de manera más expresa» los nombramientos interinos y temporales de personas con discapacidad «con el fin de garantizar que tengan un acceso efectivo al empleo público». Otras de las cuestiones fundamentales, según explican Cermi y CSIF, son aquellas que afectan a los empleados públicos con discapacidad sobrevenida, es decir, adquirida por edad, accidente o enfermedad después de haber obtenido una plaza pública.
En estos casos, explica Díaz Prieto, debe garantizarse la continudad en el puesto de trabajo a través de una adaptación del mismo, lo que incluso puede suponer un traslado o el teletrabajo. «A quienes ya están es fundamental que se les adapte el puesto de trabajo y no se les jubile con 40 años», reitera el representante del sindicato CSIF.
Por último, cabe destacar que el nuevo decreto que prepara la Junta incluye también la modificación del consejo asesor que habrá de informar de las convocatorias de empleo, un consejo en el que estarán tres representantes designados por el Cermi. «Estos podrán hacer aportaciones no solo de legalidad, sino de prácticas, incidencias o distorsiones que se produzcan para la integración en plena igualdad real», señala el Gobierno regional.
