- La ONG alerta sobre los fallos y debilidades de las administraciones públicas para prevenir, detectar y atender a las víctimas menores de abusos sexuales
Save the Children ha condenado la supuesta violación de un padre a su hija de 11 años en un pueblo de la zona norte de Granada y ha reiterado la urgencia de aprobar una Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia.
Así se ha manifestado la ONG, después de que la Guardia Civil haya detenido al presunto autor de los abusos, después de que la madre de la menor lo denunciara al comprobar con la grabación de un teléfono móvil que sus sospechas eran ciertas. Esta dejó el terminal en la habitación donde presuntamente sucedieron los hechos.
Ante este terrible suceso, el responsable de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca, ha condenado y lamentado lo sucedido, a la vez que ha advertido que todavía siguen dándose fallos y debilidades en la respuesta de las administraciones públicas tanto en la prevención, detección, el proceso judicial como en la atención y tratamiento psicológico a los menores que han sufrido abusos sexuales.
“Es inadmisible que en España haya niños sufriendo abusos sexuales que no son detectados, que estos abusos se alarguen durante años y que, aunque se detecten, haya niños que siguen en contacto con su agresor y que no son protegidos por las autoridades”, ha manifestado Cuenca.
Los supuestos abusos a esta menor podrían haberse producido desde que tenía ocho años y, según la madre, les agredía a ella y al resto de hijos. Por lo que podríamos estar hablando de doble maltrato, por un lado, víctima de abusos sexuales y, por el otro, víctima de violencia de género.
En un informe que lanzó la ONG en septiembre, “Ojos que no quieren ver”, Save the Children denuncia los fallos en el sistema de prevención, detección y protección de los niños víctimas de abusos sexuales en España. “El abuso sexual a menores se extiende de media cuatro años, lo que demuestra que aún no existen las herramientas necesarias para prevenir y detectar los abusos ni para que el niño o niña pueda denunciarlos”.
Desde Save the Children se recomienda adoptar en Andalucía una serie de medidas:
– La puesta en marcha de la Casa de los Niños. Se trata de un único espacio de coordinación entre policía, servicios sociales, juzgados y sistema sanitario, que evita que el menor tenga que acudir a múltiples instituciones. Este cuenta su historia una única vez y recibe atención sin posibilidades de descoordinación o revictimización.
– La Consejería de Educación de Andalucía debe modificar el Protocolo de Actuaciones ante el Maltrato Infantil en el sentido de obligar a la notificación a las administraciones competentes en cuanto un niño o niña releve el abuso a un profesional, sin necesidad de que exista una sospecha fundada sobre la veracidad de la revelación.
– Se debe promover la aceptación generalizada de la prueba preconstitutiva por parte de los juzgados.
– Creación de un registro online en el que se detallen todas las intervenciones (de servicios sociales, sanitarias, policiales, judiciales…) por las que pasa un menor de edad cuando hay sospecha o se revela un caso de violencia.
– Garantizar que todos los niños y niñas acceden a enseñanza reglada y desde etapas tempranas en educación afectivo-sexual
– Llevar a cabo campañas de concienciación que ayuden a acabar con los mitos en torno al abuso sexual y promuevan la detección y denuncia.
Sobre Save the Children Save the Children
Es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja en más de 120 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a los niños y las niñas y defendiendo sus derechos en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.
