La nueva Ley de Contratos del Sector Público, aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados y pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor, refuerza de modo relevante la dimensión social e inclusiva de la contratación pública, por lo que es valorada de forma muy positiva por el sector de la discapacidad, según informó el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
Gran parte de las propuestas de enmiendas del Cermi planteadas a los grupos parlamentarios y al Gobierno durante la tramitación de la iniciativa legislativa han sido finalmente recogidas en el texto aprobado, por lo que entiende que el grado de receptividad a las demandas sociales ha sido elevado.
«Los avances respecto de la legislación vigente hasta ahora se han reflejado en la reserva de contratos para empresas de inclusión de personas con discapacidad, que puede llegar hasta un 10% del total de volumen de contratación; la definición legal por vez primera de centro especial de empleo de iniciativa social, único que podrá acceder a esta reserva; la no admisión como licitantes de empresas que estando obligadas no acrediten el cumplimiento de la reserva legal de empleo del 2% en favor de trabajadores con discapacidad o la aceptación expresa de la concertación social como modalidad no contractual de gestión de servicios públicos de carácter social por parte de entidades no lucrativas del tercer sector», indica el Cermi en una nota.
El texto legal amplía las cláusulas sociales, las previsiones favorables a la accesibilidad universal y a la concertación social, con lo que «se robustece la dimensión social de la contratación pública».
