Las comunidades autónomas han incrementado un 18,5% su inversión en políticas sociales durante los últimos cinco años, al pasar de 137.182,8 millones de euros en 2020 a 162.581,5 millones en 2025, según los datos difundidos en la nota de prensa de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Este incremento también se refleja en el gasto por habitante, que ha aumentado desde 2.908 euros hasta 3.324 euros, lo que supone una subida del 14,3%.
Sin embargo, la evolución de los presupuestos autonómicos presenta una situación que la propia nota destaca como significativa. Aunque en 2025 el conjunto de los presupuestos de las comunidades autónomas creció en 5.451 millones de euros respecto al ejercicio anterior, la inversión destinada específicamente a políticas sociales descendió en 8.295 millones de euros.
Los datos muestran una evolución marcada por los efectos de la crisis económica y la posterior recuperación. Tras los recortes registrados entre 2010 y 2013, ejercicio en el que se alcanzó el nivel más bajo de gasto autonómico en servicios esenciales —sanidad, educación y servicios sociales— con menos de 100.000 millones de euros, los presupuestos liquidados comenzaron una senda de crecimiento continuado desde 2014 hasta alcanzar en 2024 el máximo de la serie histórica, con 170.876,2 millones de euros destinados a políticas sociales. Para 2026, el presupuesto inicial contempla una previsión de 167.951,2 millones de euros.
Sanidad concentra más de la mitad del gasto social
El análisis de la distribución del gasto refleja que la sanidad continúa siendo la principal política social de las comunidades autónomas. En 2025 absorbió el 52% del gasto social y el 31,1% del gasto total autonómico, con una inversión de 85.111 millones de euros, equivalente a 1.740 euros por habitante.
La educación representa algo más de una tercera parte del gasto social. Durante 2025 concentró el 20,4% del presupuesto total de las comunidades autónomas, con una inversión de 55.675 millones de euros, lo que supone 1.138 euros por habitante.
Por su parte, los servicios sociales continúan siendo el área con menor peso presupuestario dentro de las políticas sociales. En 2025 representaron el 14% del gasto social y el 8% del gasto total autonómico, alcanzando una inversión de 21.796 millones de euros, equivalente a 446 euros por habitante.
La nota de prensa señala además que la estructura general del gasto apenas ha variado durante las dos últimas décadas. La sanidad se ha mantenido en torno a una tercera parte del presupuesto total de las comunidades autónomas, la educación ligeramente por encima del 20% y los servicios sociales entre el 6% y el 8%. También precisa que los datos de 2025 corresponden al presupuesto definitivo, todavía no liquidado, por lo que pueden producirse variaciones posteriores, especialmente en el gasto sanitario.
Las políticas sociales crecen menos que el resto del presupuesto
Aunque el gasto social ha aumentado en términos absolutos durante el último quinquenio, la nota pone el foco en que el mayor incremento presupuestario no se ha dirigido a las políticas sociales.
Mientras el conjunto de las políticas sociales aumentó un 18,5% entre 2020 y 2025, el resto de políticas registró un crecimiento del 67%. Por áreas, el mayor incremento correspondió a los servicios sociales, con un aumento del 49,2%, seguidos por la educación, con un 25,5%, y la sanidad, cuyo crecimiento fue del 8,8%.
La evolución de la deuda también aparece reflejada en el informe. Durante 2025 el coste de la deuda aumentó en 1.081 millones de euros respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 40.546 millones de euros, lo que representa el 14,8% del presupuesto total de las comunidades autónomas. La nota subraya que esa cifra supone casi el doble de lo destinado a servicios sociales y algo menos de la mitad de la inversión en sanidad.
Al mismo tiempo, se indica que en los últimos cinco años el coste de la deuda se ha reducido un 26,1%, favoreciendo que parte de los recursos públicos pudieran destinarse a otras áreas de gasto. También recuerda que entre 2009 y 2019 el gasto destinado al pago de la deuda llegó a multiplicarse por 5,5.
Diferencias entre comunidades autónomas
La evolución del gasto social no ha sido homogénea en todo el territorio nacional. Según la nota, todas las comunidades autónomas incrementaron durante los últimos cinco años su inversión por habitante en políticas sociales, excepto Cataluña, donde descendió un 4,1%.
Los mayores aumentos correspondieron a Asturias, con un incremento del 31,8%, seguida de Extremadura (27,4%), Navarra (26,5%) y País Vasco y La Rioja, ambas con un crecimiento del 26,3%. En el extremo opuesto aparecen Madrid, con un incremento del 5,6%, y Cantabria y Castilla y León, ambas con un aumento del 8,5%. La media nacional durante el último quinquenio fue del 14,3%.
Las diferencias también son notables cuando se analiza la inversión por habitante. En 2025, Navarra registró el mayor gasto en políticas sociales con 4.549 euros por habitante, seguida por País Vasco (4.455 euros). Entre las comunidades de régimen común destacan Extremadura, con 4.271 euros, Asturias, con 4.155 euros, y Cantabria, con 3.818 euros.
En el lado contrario se sitúan Castilla-La Mancha, con 3.316 euros por habitante, Cataluña, con 2.811 euros, y la Comunidad de Madrid, con 2.699 euros, que presenta la menor inversión por habitante entre todas las comunidades autónomas.
El gasto social mantiene un peso mayoritario en los presupuestos
El informe que acompaña a la nota de prensa refleja que las políticas sociales siguen representando la principal partida del gasto autonómico. En 2024 alcanzaron el 63,8% del presupuesto autonómico total. Ese ejercicio destacaron Murcia (71,3%), Andalucía (69,9%), Asturias (68%) y Castilla y León (67,5%) como las comunidades con mayor peso presupuestario destinado a políticas sociales, mientras que Navarra (51,6%), Baleares (57,2%), Comunidad Valenciana (57,6%) y Cataluña (57,8%) registraron los porcentajes más bajos.
No obstante, el documento también señala que los datos correspondientes al presupuesto definitivo de 2025 sitúan ese porcentaje en el 59,5%, mientras que el presupuesto inicial para 2026 lo eleva ligeramente hasta el 59,8%, manteniéndose en ambos casos por debajo del 60% del gasto autonómico total.
