La Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha presentado en la sede de Caja Rural de Asturias el Modelo-Guía para la incorporación de Cláusulas Sociales, Laborales y Medioambientales en la Contratación Pública, una iniciativa del Consejo Autonómico de Fundaciones del Principado de Asturias. Se trata de un interesante informe que busca facilitar a la Administración pública la incorporación de criterios sociales en los contratos públicos, los cuales suponen en torno al 20 % del PIB en España (alrededor de doscientos mil millones de euros).
Dirigida a ayuntamientos, entidades locales y fundaciones públicas, la guía se ha elaborado acorde con la legislación española e incluye una explicación detallada sobre cómo incluir estas cláusulas en los contratos, qué hacer en función de las distintas situaciones que se puedan dar (incumplimiento de las cláusulas, casos especiales), y cuáles son sus beneficios para la sociedad.
En los últimos siete años la AEF ha venido impulsando diferentes iniciativas orientadas a la sensibilización en esta cuestión, muchas de ellas han tenido lugar en el seno del Consejo Autonómico de Fundaciones del Principado Asturias: jornadas técnicas; propuestas a los grupos políticos en procesos electorales generales y autonómicos; publicaciones como la “Contratación Pública y las clausulas sociales” con motivo de la I Jornada Técnica en Avilés en 2011, y la declaración del Consejo Autonómico del Principado sobre “La Contratación pública responsable y cláusulas sociales” en 2016; así como propuestas a las últimas leyes y reglamentos de contratación pública.
La presentación ha contado con la participación de Javier Nadal, presidente de la AEF; Antonio Romero, subdirector general de Caja Rural de Asturias, y Beatriz Díaz-Varela, abogada en Díaz-Varela Abogados y autora de la publicación. Los tres han destacado la relevancia de la guía.
En palabras de Javier Nadal: “El potencial de la guía para mejorar la calidad del empleo, la igualdad de oportunidades o la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión, pone de manifiesto lo que somos capaces de conseguir si fundaciones y administración pública trabajamos juntos por y para la sociedad”.
