- Primeros pasos institucionales y políticos para que las personas con discapacidad puedan acceder a este recurso
El CERMI ya había reclamado antes a las instituciones que los hogares en los que residen personas con discapacidad puedan beneficiarse del ‘bono social’, debido al mayor riesgo que tienen de sufrir pobreza energética. Asimismo, la eurodiputada Paloma López solicitó a la Comisión Europea que explicara si considera que la extensión de la definición de ‘consumidor vulnerable’ a las personas con discapacidad, mediante su acceso al bono social, puede contribuir a una reducción de la pobreza energética.
Primero fue el CERMI mediante la voz de su directora ejecutiva, Pilar Villarino, quien durante una mesa redonda celebrada en Servimedia ‘El binomio pobreza energética y discapacidad’, hizo especial énfasis en la necesidad de que las personas con discapacidad fueran reconocidos como “consumidores vulnerables” y así pudieran optar al nuevo “bono social”, ya que “el sobrecoste económico que supone la discapacidad a muchas familias incrementa el riesgo de pobreza”. Además, subrayó que hay personas con discapacidad que pasan más tiempo en su casa, “lo que incrementa su consumo de energías como la electricidad o el gas”.
Y Después fue Paloma López Bermejo, eurodiputada de Izquierda Unida en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Parlamento Europeo, quien también participó en el encuentro para enfatizar la “importancia” del trabajo de las instituciones en relación a la Estrategia Marco para una Unión Energética y se comprometió a reforzar en la Comisión de Industria de la Eurocámara la presión para que se avance de “forma más rápida” en la protección de los consumidores más vulnerables, entre los que en su opinión se encuentran las personas con discapacidad.
Por eso, la eurodiputada reforzó la presión en la Comisión Europea mediante su pregunta a la comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourova sobre si consideraba que la extensión de la definición de ‘consumidor vulnerable’ a las personas con discapacidad, mediante su acceso al bono social, puede contribuir a una reducción de la pobreza energética.
Según Servimedia, la comisaria europea contestó que «las personas con discapacidad pueden estar expuestas al riesgo de pobreza energética debido a factores tales como los bajos ingresos, un alto gasto en energía o un aislamiento térmico insuficiente», y explica que algunos Estados miembros han introducido una definición de la vulnerabilidad que hace referencia a la discapacidad y ofrece una mayor protección social.
Por ello, la comisaria europea asegura que el bono social «puede brindar apoyo a tales consumidores, aunque lo ideal es que se combine con medidas concretas en materia de energía, por ejemplo, mejoras de la eficiencia energética de la vivienda para reducir la demanda de energía a largo plazo».
Por su parte, el CERMI ya ha anunciado que pedirá participar en el proceso de elaboración de la norma de desarrollo reglamentario de este real decreto-ley y planteará propuestas para asegurar la mejor posición de las personas con discapacidad y de las familias en las que se incluyen.
