El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, presidió el pasado martes la primera reunión del grupo de trabajo encargado de perfilar la redacción del reglamento que desarrollará la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españoles y se regulan las medidas de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Con la presencia de todos los sectores implicados, se ha establecido un grupo de trabajo técnico que trabajará por regular las medidas de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, se han fijado los tiempos y en las primeras semanas de febrero se espera tener un borrador con las aportaciones de todos.
Grupo de trabajo
Entre los asistentes a la reunión se encontraban la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), la Asociación Española de Familias con Personas con sordo-ceguera (APASCIDE), la Federación Española de Sordo-ceguera (FESOCE) y la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordo-ceguera (FOAPS).
También han participado la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE), la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España (AICE), la Federación de Asociaciones de Personas Sordo-Ciegas de España (FASOCIDE) y la Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías Intérpretes (FILSE).
Senado y lengua de signos
El pasado noviembre, la senadora de podemos, Pilar Lima, pidió una ley para que el Senado retransmitiera su actividad en lengua de signos en todas las ocasiones y no solo en las especiales, como había hecho hasta entonces. Además, demandó que fueran los mismos senadores quienes pudieran implicarse en la comunicación de sus mensajes.
El senado declaró que “estudiaría la viabilidad técnica y económica” de transmitir toda la información en lengua de signos.
La lengua de signos en España
El desarrollo legislativo de la legua de signos en España, debido a su estructura es descentralizada y se caracteriza por ser diferente en cada uno de los territorios autonómicos. Cada Comunidad autónoma tiene unos estatutos y un desarrollo normativo diferente, por ello, en el Estado español existe una lengua de signos española y otra catalana.
