El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha asegurado este viernes que «en los próximos días» convocará una reunión en la que, entre otros puntos, se analizará la propuesta del ministerio para el reglamento de la Ley del Voluntariado, aprobada en 2015.
EUROPA PRESS/Redacción BuenasNoticias.es
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha asegurado este viernes que «en los próximos días» convocará una reunión en la que, entre otros puntos, se analizará la propuesta del ministerio para el reglamento de la Ley del Voluntariado, aprobada en 2015.
«Estamos trabajando ya con el reglamento de la Ley del Voluntariado. Espero convocar ya pronto la comisión con el diálogo civil en los próximos días váis a recibir la convocatoria y uno de los puntos de análisis va a ser el texto del reglamento del voluntariado que hemos trabajado junto con la Plataforma del Tercer Sector», ha asegurado en un encuentro en el que han participado miembros de la plataforma del Tercer Sector.
El reglamento de la Ley del Voluntariado estaba previsto para ser aprobado en el plazo de seis meses a partir de la publicación de dicha ley, en octubre de 2015, poco antes de las elecciones que dieron lugar a un año con un Gobierno en funciones.
Según Garcés, el actual progreso en la preparación del reglamento supone, además de «un avance jurídico», también «una muestra más de la voluntad decidida de carácter político, de todas las formaciones y de este Gobierno, para consolidar un marco jurídico que permita progresar esa energía, ese caudal de fuerza, que representan los voluntarios y voluntarias de este país».
La Ley del Voluntariado
Desde 1996 existe una Ley del Voluntariado de ámbito estatal. Por su parte, en los últimos años prácticamente todas las Comunidades Autónomas han producido normas legales sobre el Voluntariado, en algunos casos leyes aprobadas por sus parlamentos respectivos, en otros casos decretos administrativos, dentro de su ámbito territorial y de competencias.
Todas esas leyes, reconocen unánimemente la importancia del voluntariado, su papel como expresión de la participación ciudadana en el desarrollo cultural, político, económico, de la comunidad social, y expresan el compromiso de los poderes públicos en su impulso y promoción.
En términos generales, se trata de normas que pretenden «promover y facilitar la participación solidaria de los ciudadanos en las actuaciones de voluntariado, en el seno de organizaciones sin ánimo de lucro públicas o privadas» (Ley Estatal del Voluntariado 6/1996), y regular y «facilitar las relaciones entre las Administraciones Públicas, las entidades y las personas voluntarias» (Ley del Voluntariado 30/1998 de Canarias)
