El proyecto de Acta europea de la accesibilidad establece criterios para hacer más accesibles una serie de productos y servicios y la lista propuesta incluía hasta ahora los cajeros automáticos, las máquinas expendedoras de billetes y de facturación, los ordenadores y sistemas operativos, los teléfonos y televisores, así como los servicios bancarios, el comercio electrónico y el transporte, incluido los servicios urbanos como el metro, autobús, ferrocarril, tranvía y trolebús.
Los eurodiputados han reclamado ampliar la lista para incluir también los dispositivos para libros electrónicos, páginas webs, servicios adiovisuales para dispositivos móviles y terminales de pago en una resolución aprobada este jueves -por 537 votos a favor, 12 en contra y 89 abstenciones– en la que fijan su postura negociadora. Las negociaciones entre la Eurocámara y el Consejo comenzarán una vez que los Veintiocho aprueben acuerden su posición.
Las normas no impondrán soluciones técnicas detalladas para los productos y servicios a fin de garantizar su accesibilidad con el objetivo de permitir que se desarrollen opciones innovadoras y se ceñirán a las nuevas infraestructuras o construcciones y las obras de renovación sustanciales.
Estas también introducen salvaguardas para evitar que generen una carga «desproporcionada» para las empresas, aunque los eurodiputados han avisado de que no se podrá alegar carga desproporcionada por cuestiones como falta de prioridad, tiempo o conocimientos.
Unas 80 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad en la UE y se calcula que en 2020 habrá unas 120 millones de personas con discapacidades múltiples y/o menores al ritmo de envejecimiento actual.
Los eurodiputados también han considerado «fundamental» que las nuevas normas incluyan no sólo a las personas con discapacidad sino también «a aquellas con limitaciones funcionales temporales o permanentes», como es el caso de las personas ancianas, embarazadas y las que viajan con equipaje.
