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El Pleno del Congreso de los Diputados dio el visto bueno este martes para iniciar la regulación de su relación con los grupos de interés, los ‘lobby’, para asegurar la transparencia del proceso legislativo.
Lo hizo al aprobar la toma en consideración de una proposición de ley del PP para introducir esa regulación en el Reglamento del Congreso de los Diputados. Pese a reservarse el derecho a enmendar el texto durante la tramitación, todos los grupos anunciaron su voto favorable excepto Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que avanzó su abstención en esta primera votación global sobre la propuesta.
El PP explica en su exposición de motivos que en aplicación de la Ley de Transparencia el Congreso de los Diputados dispone de un portal en el que ha volcado una «importante cantidad de información» sobre su actividad, y también los parlamentarios han asumido sus responsabilidades en ese ámbito al incluir en sus perfiles públicos sus declaraciones de bienes y de actividades.
Para seguir profundizando en ese camino, considera adecuado regular los grupos de interés en el Reglamento del Congreso de los Diputados. «Es evidente que la interacción de los poderes públicos con las empresas, asociaciones, ONGs, organizaciones comerciales y profesionales, sindicatos, grupos de reflexión, etc. es legítima y necesaria para la calidad de la democracia, porque se aportan perspectivas, puntos de vista, opiniones y criterios que de otra forma serían difíciles de percibir y conocer por el legislador», dice el PP.
Al mismo tiempo, los ciudadanos tienen derecho a esperar que ese proceso sea transparente y tenga lugar dentro del estricto cumplimiento de la ley, basado en unos principios éticos claros y de obligado respeto.
La iniciativa pretende añadir un nuevo capítulo al Título IV del Reglamento del Congreso, con dos apartados al artículo 107. En uno de ellos se crea el Registro público y obligatorio en el que deban inscribirse los representantes de los grupos de interés que mantengan encuentro con los diputados y el personal adscrito a su labor parlamentaria con el fin de trasladar sus propuestas. Quedaría adscrito a la Secretaría General de la Cámara.
Se considera grupo de interés «a aquellas personas físicas o jurídicas que lleven a cabo de manera organizada acciones para influir en el poder legislativo en defensa de los intereses comunes de sus miembros».
Además de dejar constancia de las reuniones en el Registro, esos grupos deberán dejar en el mismo una copia de la documentación entregada a los parlamentarios o a su personal adscrito, y se deja en manos de la Presidencia, con el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces, la adopción de las medidas necesarias para asegurar la publicidad del registro con las garantías suficientes para proteger los datos que deban mantenerse reservados.
Comportamiento “deshonesto”
El PP propone una redacción para los datos que deban constar en la inscripción de esos grupos en el Registro y detalla unas normas de conducta cuyo acatamiento será obligatorio, por ejemplo no tratar de obtener información o decisiones «de forma deshonesta o mediante un comportamiento inadecuado». También prohíbe a los integrantes de esos grupos dar a entender, en su trato con terceros, que tienen una relación «formal ni personal» con los diputados o su personal, falsear datos en el Registro para inducir a error sobre sus pretensiones, así como vender, comerciar o realizar cualquier acto con ánimo de lucro con la documentación obtenida del Congreso salvo en el caso de la que sea pública.
La infracción de cualquiera de los puntos contenidos en ese código de conducta supondría la cancelación de su inscripción en el Registro y la prohibición de acceso al Congreso durante el periodo que decidiera la Mesa en función de la gravedad de la infracción.
La iniciativa del PP deja en manos de la Presidencia del Congreso la supervisión de la aplicación de la normativa, incluyendo la verificación de los datos objeto de registro, la concesión de acceso y la propuesta a la Mesa de retirada del mismo. En caso de proponer la retirada del Registro, se deberá acreditar que seha dado previa audiencia al interesado, concluye.
La portavoz del PP, María Jesús Bonilla, destacó en su defensa de la propuesta que la regulación parte de la premisa de que la acción de esos grupos es «legítima» y el objetivo es garantizar la transparencia y la seguridad jurídica.
«Lo que no está»
El portavoz socialista, Ciprià Ciscar, juzgó «urgente» regular la actividad de los grupos de interés pero no solo ante el poder legislativo sino también ante el Ejecutivo y la Administración, incluyendo a los altos cargos. Alertó, además, de que esa regulación global debe ser «homogénea y coherente», y se mostró partidario de un intercambio de reflexiones durante la tramitación para no limitarse a lo propuesto por el PP.
La portavoz de Unidos Podemos, Gloria Elizo, denunció que el problema en la definición propuesta por el PP es «lo que no está», ya que deja fuera a las grandes corporaciones y las agencias de comunicación y va dirigida a organizaciones sectoriales que «a duras penas consiguen que se oiga su voz». Considera que el objetivo de la propuesta es «cosmético» para preservar las maniobras de quienes mandan sin presentarse a las elecciones.
Ignacio Prendes, de Ciudadanos, celebró con ironía el «impulso regenerador» del PP pero pidió que se extienda a las cuestiones previstas en el acuerdo de investidura en los que perciben «alguna que otra reticencia». Subrayó que los ciudadanos tienen derecho a saber cómo forman su opinión los legisladores y abogó por replicar esa regulación en los parlamentos autonómicos, todo ello teniendo en cuenta que la aspiración de una reforma mañas amplia del Reglamento del Congreso no puede impedir avances puntuales que son «imprescindibles» y para los que hay acuerdo.
En nombre de ERC, Francesc Eritja reclamó una reforma «mucho más amplia» y puso como ejemplo la aprobada en Cataluña. Su trabajo, avanzó, se dirgirá a asegurar que la inscripción en ese Registro se guía por criterios técnicos y no ideológicos, y en función de cómo avance la tramitación su grupo se reserva el voto final.
Mikel Legarda, del PNV, subrayó la exigencia de transparencia formulada por el Consejo de Europa y la crítica de la Comisión Eurepea a España por carecer de una regulación que incluya, por ejemplo, el conocimiento del dinero que manejan esos grupos y los resultados que obtienen a partir de sus gestiones.
Legarda alertó también la necesidad de ampliar esa regulación al ámbito ejecutivo y de establecer un código de conducta no solo para los lobbistas sino también para los propios parlamentarios y su personal de apoyo. En el texto del PP, alertó, hay «grandes lagunas» que tendrán que ser subsanadas en la tramitación.
En el Grupo Mixto, Carles Campuzano, del PDECat, insistió en la necesida de regular con detalle «la huella legislativa» de cada norma. Joan Baldoví, de Compromís, indició también en la necesidad de esclarecer esa «huella», y se mostró de acuerdo con el fondo de la propuesta pero denunció que llega «tarde», es «insuficiente, pobre, descafeinada», y además contrasta con la actuación del Gobierno. También Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, y Carlos Salvador, de UPN, respaldaron la toma en consideración de la propuesta.