La subcomisión creada en el Congreso para elaborar un Pacto de Estado contra la violencia de género quiere que se prohíban las visitas de padres violentos a sus hijos e incluirá esta medida en el informe que deberá aprobar antes del próximo 31 de julio.
«En el marco de las negociaciones del pacto contra la violencia de género ha existido unanimidad respecto a la necesidad de legislar para evitar que existan visitas de padres violentos a los menores», ha asegurado este lunes la portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, quien ha señalado que, ahora, habrá que ver «cómo queda la redacción» final.
El informe, que el órgano ultimará en las reuniones que tiene previstas este martes y miércoles, debe incluir las principales medidas que, según los partidos representados en el Congreso, el Gobierno debe poner en marcha para terminar con la lacra de la violencia machista.
Algunas de ellas han sido consensuadas por todas las formaciones, mientras que algunos puntos son propuestas concretas de los partidos que han sido apoyadas por la mayoría de la subcomisión.
Trabajo a puerta cerrada
Este es el caso de una iniciativa de Unidos Podemos que también recogerá el documento y que propone incluir oferta pública de empleo para las mujeres víctimas de esta lacra, con el objetivo de que puedan «reinsertarse laboralmente».
Las portavoces de la formación morada en este órgano, Ángela Rodríguez y Sofía Fernández Castañón, destacaron la importancia de que las mujeres tengan su independencia económica y que las víctimas de esta lacra «no sólo dejen de serlo» sino que puedan tener una salida económica y puedan tener una vida normal.
Durante más de cuatro meses la subcomisión ha escuchado a puerta cerrada a numerosos expertos y agentes implicados en esta materia que han hecho sus propias propuestas. De hecho, la cantidad de información recopilada en este tiempo y la falta de acuerdo en algunos temas, ha llevado al órgano a solicitar en hasta dos ocasiones la prórroga del plazo de entrega del informe.
Aprobación por el Pleno
Cuando se aprobó la creación de la subcomisión, en febrero de este año, se establecieron cuatro meses de trabajo, tras los cuales se debía entregar el informe consensuado. Sin embargo, días antes de cumplirse este plazo –16 de junio– se solicitó la primera prórroga.
En este caso, aunque también se habló de la necesidad de más tiempo para llegar a acuerdo, se alegó que el informe debía incluir las conclusiones de la ponencia creada en el Senado para este mismo fin, y que los trabajos en la Cámara Alta no terminaban hasta finales de junio.
Fuente: Europa Press
